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Prevención del Blanqueo de Capitales. ¿Todavía crees que no aplica a tu actividad de negocio?'

María García Aguado, Socia de Amber Legal & Business Advisors y Presidente de ASEBLAC en Cataluña, participará en la conferencia  ‘Prevención de Blanqueo de Capitales. ¿Todavía crees que no aplica a tu actividad de negocio?’ organizada por la Comisión de Abogados de Empresa del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona:

Conferencia:

Prevención de Blanqueo de Capitales. ¿Todavía crees que no aplica a tu actividad de negocio?’

¿Sabes como afecta a tu compañía? ¿Cuáles son las obligaciones y los sujetos obligados? ¿Sólo aplica en banca y seguros?

Ponentes:

Óscar Serrano Zaragoza. Fiscal de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Barcelona

María García Aguado. Abogada

Miguel Ángel Montoya. Abogado

La conferencia tendrá lugar en la sede del ICAB, c/ Mallorca 283 (Aula 75) el próximo lunes 24 de Abril de 2017 de 19:00 a 21:00 horas.

Para más información e inscripciones: accede al siguiente link.

El Tribunal Supremo aprecia por primera vez la responsabilidad penal de las personas jurídicas

Fuente: Poder Judicial

 

El Pleno de la Sala II del Tribunal Supremo ha apreciado, por primera vez, la responsabilidad penal de las personas jurídicas y confirma las condenas impuestas por la Audiencia Nacional a tres empresas por su participación en delitos contra la salud pública, en concreto en el tráfico de más de 6.000 kilos de cocaína escondida en maquinaria objeto de importación y exportación entre España y Venezuela.

En relación a una de las empresas, modifica la pena excluyendo la disolución de la misma debido a que cuenta con una plantilla de más de cien personas que no tienen que sufrir los graves perjuicios de dicha medida, pero confirma que la sociedad debe pagar una multa de 775 millones de euros.

La sentencia explica los requisitos para apreciar la responsabilidad de las empresas de acuerdo al artículo 31 bis del Código Penal.

(1) Como presupuesto inicial, debe constatarse la comisión de delito por una persona física que sea integrante de la persona jurídica (en este caso eran administradores de hecho o de derecho).

(2) que las empresas hayan incumplido su obligación de establecer medidas de vigilancia y control para evitar la comisión de delitos. La sentencia señala: “Así, la determinación del actuar de la persona jurídica, relevante a efectos de la afirmación de su responsabilidad penal, ha de establecerse a partir del análisis acerca de si el delito cometido por la persona física en el seno de aquélla, ha sido posible o facilitado por la ausencia de una cultura de respeto al derecho como fuente de inspiración de la actuación de su estructura organizativa e independiente de la de cada una de las personas jurídicas que la integran, que habría de manifestarse en alguna clase de formas concretas de vigilancia y control del comportamiento de sus directivos y subordinados jerárquicos tendentes a la evitación de la comisión por éstos de los delitos”.

Los magistrados advierten (aunque lo descartan en este caso) de situaciones futuras donde puedan producirse conflictos de intereses procesales entre las personas físicas acusadas del delito y las personas jurídicas que sean representadas por esas mismas personas físicas, lo que podría originar una conculcación efectiva del derecho de defensa de la empresa. En ese sentido, pide a los jueces y tribunales que intenten evitar riesgos de ese tipo para proteger el derecho de defensa de la persona jurídica y sugieren al legislador que “remedie normativamente” este tipo de situaciones.

La resolución diferencia entre la empresa con actividad real y las que califica como sociedades “pantalla”, carentes de cualquier actividad lícita y creadas exclusivamente para la comisión de hechos delictivos. Estas, según la sentencia, han de ser consideradas al margen del régimen de responsabilidad penal del artículo 31 bis del Código Penal, sin perjuicio de que en este caso de autos se haya considerado de utilidad mantener las penas de disolución y multa impuestas.

A la espera de la publicación de la sentencia, señalar la importancia de la misma no sólo por ser la primera, sino porque la misma cuenta con el voto particular concurrente de 7 de los 15 magistrados que formaron el Pleno, que comparte el fallo de la resolución pero discrepa de parte de la doctrina que recoge. Así, considera que, en el caso de las personas jurídicas, altera las reglas probatorias aplicables con carácter general para la apreciación de circunstancias eximentes, estableciendo que las acusaciones acrediten el hecho negativo de la no concurrencia de instrumentos eficaces para la prevención de delitos. En opinión de estos magistrados, “no procede constituir a las personas jurídicas en un modelo privilegiado de excepción en materia probatoria”, sino que corresponde a la persona jurídica alegar la concurrencia de dichos instrumentos, y aportar una base racional para que pueda ser constatada la disposición de los mismos.

La Jornada sobre la Responsabilidad Penal de las Empresas: Situación Actual, se celebrará el próximo viernes 18 de Marzo, de 09.30 h. a 13:00 h. en nuestra Sede de Avenida Diagonal 601, 8ª planta, de Barcelona.

Jornada sobre la Responsabilidad Penal de las Empresas

La Jornada sobre la Responsabilidad Penal de las Empresas: Situacion Actual, se celebrará el próximo viernes 18 de Marzo, de 09.30 h. a 13:00 h. en nuestra Sede de Avenida Diagonal 601, 8ª planta, de Barcelona.

Las sesiones correrán a cargo de:

  • D. Oscar Serrano Zaragoza – Fiscal de Delitos Económicos – Fiscalía Provincial de Barcelona
  • Dª. Mª Antonia García Solanas – Socia de AMBER LBA
  • Dª María García Aguado – Socia de AMBER LBA – Presidente de ASEBLAC en Cataluña

Al finalizar la sesión, podremos disfrutar de un brunch & networking por cortesía de AIN Business Center.

La reciente reforma del Código Penal plantea para las empresas y sus directivos un nuevo y más severo marco de responsabilidad, que hace necesaria la implantación de modelos efectivos de prevención de ilícitos penales, en consonancia con la normativa y prácticas internacionales.

La reforma introducida por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, que entró en vigor el pasado 01 de julio de 2015, clarifica y mejora técnicamente la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que fue inicialmente introducida en nuestro ordenamiento jurídico por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, con la finalidad de delimitar adecuadamente el contenido del debido control, cuyo quebrantamiento permite fundamentar su responsabilidad penal.

Como consecuencia de estas disposiciones, las personas jurídicas podrán ser imputadas penalmente por los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o indirecto, en dos supuestos:

• Cuando sean cometidos por sus representantes legales, administradores o directivos;

• Cuando los cometan los empleados, colaboradores o agentes que dependan de ellos por haberse incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad.

Con ello se abre un nuevo cauce que está siendo utilizado por la fiscalía (ejemplos recientes: caso FCB, Neymar, Volkswagen) y los damnificados para proceder directamente contra las empresas y entidades, a fin de lograr un resarcimiento económico de los daños, dada la inmediatez, economía y amplias facultades del juez penal.

Ello implica para la empresa, además de la obligación de indemnizar, responsabilidades penales que se traducen en sanciones no cubiertas por las pólizas de seguros como son: Multas, por cuantías muy importantes; cierre de establecimientos; suspensión o disolución de la persona jurídica; inhabilitación y multas personales a los administradores y directivos con las consiguientes contingencias que ello supone en tanto no se dote de un adecuado programa de prevención.

En la jornada debatiremos los aspectos esenciales de la nueva regulación, cómo afrontar este nuevo reto a efectos prácticos, y así como las medidas de prevención que se pueden implantar.

Agenda

09:30 h: Recepción y registro de los participantes

10:00 h: Sesión técnica:

  • Responsabilidad penal de las empresas: cómo evitarla
  • Prueba de la responsabilidad penal de la persona jurídica
  • El plan de prevención
  • La figura del responsable de cumplimiento

12:30 h: Coloquio y clausura

13:00 h: Brunch & networking por cortesía de AIN Business Center

Más información: info@amberbas.com

Caso Genepol: Imputación de persona jurídica por un delito contra el medio ambiente.

El instructor del Caso Genepol, que saltó a la prensa este verano, acaba de concretar con un nuevo auto las imputaciones del caso antes de cerrar la instrucción. Este es un claro ejemplo de la necesidad de que las personas jurídicas se doten de herramientas de Compliance Penal (cumplimiento de la legalidad penal).

En el Caso Genepol, el Juzgado inició diligencias previas por un atestado del SEPRONA y, tras practicarse las diligencias oportunas, se determina que los hechos pudieran constituir un delito contra el medio ambiente, previsto y penado en los artículos 325 y siguientes del Código Penal vigente, así como una falta de daños.

Imputados:

– GENEPOL, en su condición de persona jurídica, al amparo del art. 31 bis del Código Penal

– Javier, en su condición como ADMINISTRADOR de GENEPOL.

– Luis, como TENIENTE ALCALDE del Ayuntamiento y como Jefe de Planta de GENEPOL, aunque no concurriesen ambas condiciones al mismo tiempo.

– Alfonso, en su condición de ALCALDE del Ayuntamiento.

Los hechos que se señalan, muy sucintamente:

* Existencia de un vertido sin autorización (y no autorizable) y con importante carga contaminante procedente de GENEPOL.

* En definitiva, se señala que GENEPOL está vertiendo aguas residuales industriales sin estar correctamente depuradas, sobre el cauce público de un barranco, provocando una contaminación de la zona afectada ya que la red de alcantarillado no se encuentra terminada totalmente, no llegando a juntarse con la red de saneamiento de la localidad en su totalidad.

* El vertido ha generado un daño concreto al medioambiente y hay riesgo lesivo para el medio y persistente en el tiempo.

Se apuntan las responsabilidades:

* Responsabilidad de GENEPOL, por hacer caso omiso a los reiterados requerimientos de las instituciones aragonesas para que cesase el vertido. Según se indica, GENEPOL no realizó ninguna actividad encaminada a solucionar la contaminación generada.

* Responsabilidad del Ayuntamiento, como titular del colector; los vertidos realizados a través de alcantarillados / colectores municipales deben estar previamente autorizados, lo que no consta al Juzgado.

Adicionalmente, y en lo que nos interesa con relación al marco de Compliance Penal de la compañía, que, de tener implantados unos procesos adecuados, podría suponer exención de la responsabilidad de GENEPOL como persona jurídica o beneficiarse de una atenuación de la pena, el Juzgado señala:

  1. En GENEPOL, en su condición de mercantil, no existía o tenía contratada la figura del Director de Cumplimiento Normativo;
  2. No tenía activados instrumentos de prevención tales como
    1. mapas de riesgos,
    2. códigos de conducta,
    3. compliance programs – programas de cumplimiento de la legalidad
    4. y cualesquiera otros instrumentos mediante los cuales todos los agentes de la empresa asuman los valores o cultura de respeto a la legalidad penal.
  3. Igualmente, no tenían activados instrumentos de control (internos y externos) para supervisar de manera continuada el cumplimiento de la normativa interna establecida para evitar la comisión de delitos en el seno de la empresa, no bastando con la existencia de unos meros buzones.
  4. Tampoco tenía activados instrumentos disciplinarios para asegurar el debido control del cumplimiento de las normas de conducta establecidas por la empresa.

Por todo ello, al entender que ante el incumplimiento de tales medidas (Compliance Penal) y la falta de soporte documental que acreditare la adopción de las mismas anteriormente reseñadas, el juzgado entiende factible y de obligado cumplimiento para la instrucción la imputación de la persona jurídica.