Los contratos logísticos y COVID-19: ¿Fuerza mayor? “Rebus sic stantibus”?

La prestación de servicios logísticos está viviendo días intensos.  El comercio y la distribución en las últimas décadas se ha intensificado y globalizado, gracias a la logística como servicio integral, eje de la cadena de suministro que incluye diversas prestaciones y ello se traslada al plano jurídico, que la acoge como relación contractual atípica, pues no tiene tipificado un “contrato logístico” (a diferencia de compraventa, préstamo, o arrendamiento).

Como contrato “complejo” o conjunto de contratos, de diversa naturaleza jurídica: incluye varios contratos, principalmente, contrato de depósito, de servicios de transporte, embalaje, gestión de stocks, controles de calidad, pruebas, preparación de pedidos, gestiones aduaneras, logística inversa, etc.

La actual crisis COVID-19 exige maximizar la eficiencia en los procesos, precisamente lo que aporta la logística, que ahora contribuye a sostener la vida del país en momentos tan críticos. Y ahora el sector logístico se afectado, de un lado por las restricciones a que se ven sometidos sus clientes y/o proveedores (ej. actividades “no esenciales) y de otro, por el incremento de volumen de trabajo, ej. gestionar productos esenciales, o incluso bajo requisa, con cambios repentinos y profundos.

Interpretar y cumplir o exigir el cumplimiento de contratos no es siempre pacífico – de hecho, cuando las partes no logran ponerse de acuerdo para ello están los tribunales.

Nuestro Derecho carece de regulación integral de la prestación logística y entre las escasas referencias a la logística como tal destaca la Ley 15/2009 de 11 de noviembre de contrato de transporte terrestre de mercancías según la cual, cuando se asuma la obligación de transportar mercancías en el marco de una operación logística de contenido más amplio, los derechos, obligaciones y responsabilidades relativos a dicho transporte se regirán por lo dispuesto en esta ley [del Transporte].

Ello implica que en una relación logística cada relación jurídicamente diferenciada será resuelta según su propia regulación: la de transporte, la de depósito, la de prestación de servicios, etc. lo que dificulta las soluciones integrales cuando surgen conflictos en contratos logísticos.

Se complica si los contratantes no han formalizado la prestación logística en uno o varios contratos escritos, coordinados entre sí, o si han encargado estas tareas a  diversos operadores (unos el transporte, otros el almacenaje, etc.), no coordinados entre sí: disfunciones, duplicidades, áreas “ciegas” no cubiertas por falta de una arquitectura contractual integral. Y a ello, añadir si hay elementos internacionales – partes, lugar de prestación, o la legislación o foro del contrato son extranjeros.

En el ámbito de Derecho Privado, civil-mercantil-contractual, tras decretarse el estado de alarma que genera graves disfunciones, se invocan conceptos tales como “imposibilidad” “imprevisibilidad”, “fuerza mayor”, etc.

Como primer indicio, en el ámbito laboral el Gobierno reguló en el RD-Ley 8/2020 de 17 de marzo, con medias extraordinarias los expedientes de regulación temporal de empleo dando tratamiento diferenciado según se funden en causas de fuerza mayor o en las causas generalmente previstas – económicas, técnicas, organizativas o productivas-.  Sin embargo, no incluyó criterios para determinar en qué supuestos puede una empresa válidamente acogerse a la vía de ERTE por fuerza mayor, sino que fue en posterior RD-Ley 9/2020 de 27 de marzo en que su D.A. 2ª establece un régimen sancionador entre otras, a las empresas que soliciten estas medidas laborales “que no resultaran necesarias o no tuvieran conexión suficiente con la causa que las origina, … “ – indicio de cómo va a actuar la administración. Pero no es objeto de esta nota la problemática del ámbito laboral.

En esta nota, con las debidas cautelas, por la novedad de la situación incluso para los tribunales, intentaremos esquematizar estos conceptos en el ámbito privado, civil-mercantil como mecanismos de excepción a la norma del obligado cumplimiento de las obligaciones, -arts. 1.091 y 1.258 del Código Civil- (“pacta sunt servanda”) cuando el obligado no cumple por causa no imputable al mismo

1.Fuerza mayor – Imposibilidad sobrevenida

El Código Civil dispone que, fuera de los casos expresamente mencionados en la ley, y de los en que así lo declare la obligación, nadie responde de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse o, que, previstos, fueran inevitables. (art. 1.105), en torno al cual nuestra jurisprudencia ha desarrollado su doctrina sobre “fuerza mayor” que, a su vez se distingue según la naturaleza de las obligaciones incumplidas:

  1. Obligaciones de dar: la obligación que consista en entregar una cosa determinada cuando ésta se pierde o destruye sin culpa del deudor y antes de haberse éste constituido en mora, queda extinguida; Señalar que cuando se trata de entrega de dinero, las obligaciones pecuniarias no se consideran entrega de cosa determinada pues son obligaciones genéricas, ya que el dinero es fungible y por tanto, no pueden exonerarse por fuerza mayor, ya que se hallan sujetas al principio de riesgos o “perpetuatio obligationis” , irrevocabilidad de la obligación, es decir, la perpetuación o permanencia de la obligación después de que haya vencido – base de la mora del deudor incumplidor, hasta que cumple-. Otra cosa será -según evolucione la situación- en algunos casos, estimar suspensión o retraso temporal en el cumplimiento.
  2. Obligaciones de hacer (servicios): queda liberado el deudor en las obligaciones de hacer cuando la prestación resulta legal o físicamente imposible – en obligaciones válidamente constituidas, y vigentes- y dicha imposibilidad surge antes de la fecha de cumplimiento del deudor o vencimiento del plazo.

2. Cláusula “rebus sic stantibus

Elaboración jurisprudencial aplicada muy puntualmente y a raíz de la crisis financiera de 2008. La doctrina “pacta sunt servanda, rebus sic stantibus” no extingue la obligación, sino que corrige o modera por el principio de conservación del negocios jurídicos (ej. 1.284 Cc.), exigiendo estrictos requisitos, en acontecimientos:

  • No causados por ninguna de las partes, (ni directa ni indirectamente)
  • extraordinarias,
  • Inevitables (no imputables ni controlables por el deudor)
  • Imprevisibles (no había forma de preverlos -si no, el deudor debiera haberlas previsto y prepararse mejor y ello varía según el perfil del deudor – no se puede exigir la misma capacidad de previsión a un profesional que a un particular).
  • Inciden directamente en la relación contractual con ruptura en la equivalencia de prestaciones y una excesiva onerosidad o se frustra el objeto del contrato.

Estos mecanismos o válvulas de excepción a la obligación general de cumplimiento son de aplicación restrictiva, pues una aplicación generalizada dejaría en manos de los tribunales la determinación de elementos inherentes a la liberta de pactos como el precio, plazos, etc.: El TS también resuelve que la crisis económica por sí misma no puede ser causa de extinción, de reducción de precios o rentas.

3.Enfoque colaborativo, herramienta necesaria.

El contrato logístico, por su naturaleza y complejidad es de los colaborativos”: su buen funcionamiento exige especial cooperación entre prestador del servicio y cliente.

Antes de llevar un contrato a los tribunales -por el incierto resultado, costes y tiempo – especialmente, por la previsible sobrecarga de litigios que se espera llenarán los tribunales en breve, y si las partes vienen actuando conforme a las exigencias de la buena fe, por lo general interesará a todos buscar una solución negociada para adaptar los términos del contrato a la nueva situación sea temporal, o de mayor alcance, en definitiva, adaptarse a una nueva realidad que se impone para todos.

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