CORONAVIRUS – Disposiciones 18-31 de marzo de 2020 (2/2).

Las medias adoptadas en España en la lucha contra los efectos sanitarios y socio económicos del COVID-19 “coronavirus” durante la segunda quincena del mes de marzo 2020 son muchas, de diversa índole y calado, y afectan a la práctica totalidad sectores de actividad que, desde Amber Legal & Business Advisors resumimos en nuestras notas de Actualidad en sus aspectos principales:

  1. Real Decreto-Ley 9/2020, de 27 de marzo
  2. Real Decreto-Ley 10/2020, de 29 de marzo
  3. Orden SND/307/2020, 30 de marzo – Modelo de Declaración responsable.
  4. Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo.

En la nota anterior nos hemos referido a las disposiciones 1 a 3. Aquí nos detendremos en la última, el RD-Ley 11/2020 (en vigor con carácter general el 02 de abril 2020)

Como decíamos la urgencia sanitaria, persiste y se agudiza, obligando a las administraciones públicas a actuar y tomar decisiones, en una crisis extraordinaria, y desconocida, y de naturaleza “dinámica” según término utilizado por los portavoces, y, no pocas veces, a remolque de los acontecimientos. La resolución de 25 de marzo de 2020 del Congreso aprobó extender el período de alarma hasta las 00:00 horas del día 12 de abril de 2020, si bien se prevé una nueva extensión hasta finalizar abril.

Si ello es así en el propio Gobierno y administraciones públicas, no se puede esperar menos de los ciudadano – particulares y empresas – en su mayoría, particulares, autónomos y PYMEs- que en poquísimos días se ven abrumados por baterías de normas y medidas a todos los niveles, casi todas de enorme trascendencia, y con falta de claridad que genera continuas normas aclaratorias y de rectificación de errores y que precisan de información y asesoramiento profesional para poder aplicar de forma correcta que permita a) no incurrir en infracciones y b) cumplir el primer objetivo de defender la salud de las personas pero seguidamente y, en lo posible, mantener la actividad.

Dejando aparte las abundantes normas relativas al funcionamiento y disposiciones presupuestarias internos de las administraciones públicas y contratación por las mismas, las principales normas dictadas se refieren a ámbitos sanitario y asistencial, de función de las fuerzas y cuerpos de seguridad, transportes y movilidad, servicios esenciales, nos centraremos en aquellas más directamente relacionadas con el funcionamiento del sistema jurídico en el ámbito económico patrimonial, y de las empresas, en concreto, en el RD-Ley 11/2020 que aquí nos ocupa:

  1. Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 (BOE 01/04/2020)

Contiene un nuevo paquete de medidas económicas y sociales viniendo a completar y reforzar las medidas adoptadas en las tres últimas semanas por el Gobierno para mitigar los efectos de la pandemia del COVID-19 extendiéndolas hasta el mes siguiente al fin del Estado de Alarma, destinadas fundamentalmente a:

4.1.- Apoyar a trabajadores, familias, consumidores, autónomos y colectivos más vulnerables, de forma que se pueda aliviar su situación financiera y sus gastos fijos, y preservar así una renta mínima. Las principales medidas de este apartado consisten en:

  • Suspender los desahucios durante 6 meses desde la entrada en vigor del Estado de Alarma, al objeto de proteger a las personas que no puedan pagar sus alquileres por encontrarse en situación de vulnerabilidad por el COVID-19 y no tengan alternativa habitacional.
  • Renovación automática de los contratos de alquiler que venzan en los 2meses siguientes a la entrada en vigor de este Real Decreto Ley. Esta prórroga será de 6 meses manteniéndose los términos y condiciones del contrato en vigor.
  • Moratoria automática en el pago de la renta de alquiler (arts. 3 a 9) para aquellos arrendatarios en situación de vulnerabilidad cuyo arrendador sea un gran tenedor de vivienda, tanto público como privado, entendiéndose como tal a quien posea más de 10 inmuebles o superficie superior a 1.500m2.

Esta moratoria se prolongará mientras dure el Estado de Alarma o mientras persista la situación de vulnerabilidad, con un máximo de 4 meses. Superada dicha situación, el inquilino devolverá la cuota o cuotas no pagadas a lo largo de un período no superior a 3 años sin que pueda aplicársele ningún tipo de penalización ni intereses.

  • Moratoria para el caso en que el arrendador no sea un gran tenedor de inmuebles, pudiendo el inquilino que esté en situación de vulnerabilidad solicitar un aplazamiento en el pago de su renta. El arrendador tendrá 7 días para aceptarlo, proponer una alternativa o rechazarlo.

Si no hubiera acuerdo, el inquilino tendrá acceso a un programa de ayudas transitorias de financiación (MICROCREDITOS ICO) a coste cero con aval del Estado pudiendo solicitar un crédito finalista sin intereses directamente pagado al arrendador, por importe de hasta 6 mensualidades de renta, a devolver en un período máximo de 10 años.

  • Moratoria hipotecaria: El plazo de suspensión pasa de uno a tres meses; se adapta la acreditación de vulnerabilidad a la situación derivada del Estado de Alarma, siendo suficiente en estas circunstancias con una declaración responsable del beneficiario sobre su situación. Se clarifica que las cuotas suspendidas no se abonan al finalizar la suspensión, sino que todos los pagos restantes se posponen por idéntico período. Los autónomos también se podrán beneficiar de esta moratoria.
  • Moratoria en créditos y préstamos no hipotecarios: Se establece igualmente la posibilidad de aplicar moratoria para personas en situación de vulnerabilidad incluyendo créditos al consumo.
  • Garantía de los suministros básicos a más hogares ampliándose el colectivo de potenciales perceptores del bono social eléctrico como los autónomos que hayan cesado su actividad o visto reducido sus ingresos en más de un 75%. Se establecen medidas para garantizar la continuidad de los suministros energéticos y de agua en el hogar, prohibiéndose su suspensión por motivos distintos a la seguridad del suministro.
  • Planes de Pensiones. Reembolsos. Ampliación de los supuestos para el reembolso de las aportaciones realizadas, de forma que podrán recurrir a la mismas las personas que estén inmersas en un ERTE y los autónomos que hayan cesado su actividad como consecuencia de los efectos del COVID19.
  • Emplead@s del hogar y otros: creación de un nuevo subsidio para empleadas del hogar afectadas por el cese o reducción de actividad y para trabajadores temporales cuyo contrato finalice y que no tuvieran derecho a prestación.
  • Programa específico para víctimas de violencia de género, personas sin hogar y otras especialmente vulnerables: Ayuda de hasta 600 € al mes, que puede elevarse hasta 900 €, siempre con un límite del 100% de la renta del inmueble. Se añaden otros 200 € para atender gastos de mantenimiento, comunidad y suministros básicos, con un límite del 100% de los mismos.
  • Régimen sancionador: Se hace constar en la D.A. 2ª que en casos de falsedades o incorrecciones en la solicitud de ERTEs  “.. consistentes en solicitar medidas, en relación al empleo que no resultaran necesarias o no tuvieran conexión suficiente con la causa que las origina, siempre que den lugar a la generación o percepción de prestaciones indebidas …“serán sancionables administrativa o penalmente, en la empresa  (lógicamente salvo que sea imputable al trabajador) además de la devolución de prestaciones indebidamente percibidas, la administración revisará de oficio.”
  • Fecha de efectos de desempleo: Se aclara que la fecha de efectos de desempleo en caso de ERTE por fuerza mayor será la del hecho causante, mientras en el caso de ERTE-ETOP sería coincidente o posterior a su comunicación a la autoridad laboral. la duración máxima de todos ERTEs al amparo de COVID-19 se limita a la duración del estado de alarma y sus posibles prórrogas.

4.2.- Apoyo al tejido productivo y el empleo, al objeto de facilitar la futura recuperación de la actividad, impulsándose medidas de flexibilización de diversas actividades y procesos de la Administración, entre las que cabe destacar:

  • Se habilita a la Seguridad Social para conceder moratorias en el pago de las cotizaciones sociales a empresas y autónomos.
  • Se permite a empresas y autónomos que no tengan en vigor aplazamientos de pago de deudas con la Seguridad Social solicitar aplazamiento el pago de deudas que deban ingresar entre abril y junio de 2020 sin que se aplique ningún interés.
  • Los autónomos que accedan a la prestación por cese de actividad podrán aplazar sin cargo la cuota de la Seguridad Social del mes de marzo por los días que hayan trabajado.

Se incluye en la moratoria de hipotecas los inmuebles afectos a la actividad económica de autónomos.

4.3,- Flexibilización de la suspensión de la liberalización de movimientos de capitales e inversiones extranjeras.

Mediante D.T. 2ª y D. F.  3ª :  Se extiende la suspensión de la liberalización a residentes en países de la UE y ALC o EFTA, si sus titulares reales son residentes de fuera de la UE o ALC o EFTA, entendiéndose tal titularidad real cuando éstos tengan el control último directo o indirecto del 25% o más del capital o derechos de voto, o ejerzan control directo del inversor.

Se provee transitoriamente un régimen simplificado, para proyectos de autorización sujetos al nuevo artículo 7 bis:  (a) que acrediten que, antes de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2020, existía acuerdo u oferta vinculante fijando precio determinado o determinable; y (b) de importe entre 1.000.000,00 €  y 5.000.000,00 € [si bien, de forma transitoria, se exceptúan de autorización previa las inversiones inferiores a 1 millón de euro]. Por otra parte, se suprime la previsión de competencia del Consejo de Ministros para levantar la suspensión de liberalización que, en consecuencia requeriría disposición de rango legal.

NOTA: Esperemos que estas disposiciones sean revisadas y vueltas al régimen de liberalización general con el levantamiento del estado de alarma.

4.4.- Personas jurídicas de Derecho privado. Funcionamiento de sus órganos sociales (D.F. 1º -Trece)

Medios para adopción de acuerdos sociales:

Se permiten también medios de conferencia telefónica múltiple, rebaja requisitos de la video conferencia, y añade requisitos de proceso de autenticación y documentación: (a) sólo será posible si todos los miembros del órgano dispongan de los medios necesarios, (b) el secretario del órgano reconozca su identidad y así lo exprese en el acta, (c) remisión de acta inmediatamente, a las direcciones de correo electrónico de cada uno de los concurrentes.

Cuentas anuales: se aclara que es válida la formulación de cuentas por el órgano de administración durante el estado de alarma, y realización de la auditoría que en su caso corresponda, en el plazo legal ordinario, o acogerse a la prórroga de 2 meses.

Aplicación del resultado. Se distinguen 2 supuestos:

a) Sociedades cuya Junta General estuvieran convocada antes de entrar en vigor la nueva disposición: El órgano de administración podrá retirar del orden del día la propuesta de aplicación del resultado sometiendo nueva propuesta a una junta general a celebrar en plazo legal de junta general ordinaria, publicando esta decisión antes de la celebración de la junta general ya convocada.

La nueva propuesta debe incorporar (a) informa justificativo con base a la situación creada por el COVID-19 y (b) escrito del auditor indicando que no habría modificado su opinión de auditoría si hubiera conocido en el momento de su firma la nueva propuesta.

Para el depósito de cuentas en el Registro Mercantil, el órgano de administración certificará solo la aprobación de las cuentas, presentando, posteriormente certificación complementaria de aprobación de la aplicación del resultado.

b) Sociedades que convoquen la Junta General desde la vigencia de la nueva disposición: Se puede sustituir la propuesta de aplicación del resultado contenida en la memoria por otra propuesta, acompañando el informe justificativo del órgano de administración con base a la situación creada por el COVID-19 escrito del auditor de cuentas en los términos arriba indicados.

  • Sociedades cotizadas.

En cuanto a las cotizadas, en materia de aplicación de resultado, se remite a lo dispuesto para el resto de sociedades de forma que las que apliquen cualquiera de las nuevas medidas, propuesta, su justificación por el órgano de administración y el escrito del auditor deberán hacerse públicos, tan pronto como se aprueben, como información complementaria a las cuentas anuales en la página web de la entidad y en la de la CNMV como otra información relevante o, en su caso, como información privilegiada.

 4.5.-.  Concursos de acreedores (DT 4ª):

Si a la fecha de entrada en vigor de este RD-LEY se hubiera dictado auto DE concurso acordando las medidas de los artículos 22 y 23 del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, la resolución judicial tendrá plenos efectos para el reconocimiento de las prestaciones; y las solicitudes en que no se haya dictado resolución por el juez del concurso deberán remitirse a la autoridad laboral para su tramitación según dichos artículos.

Amber Legal & Business Advisors 

Show Comments

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *