Coronavirus (COVID-19). Crisis, responsabilidades y Hoja de Ruta

El 14 de marzo, se aprueba y entra en vigor el RD 463/2020 declarando el estado de alerta en territorio nacional para 15 días prorrogable ante la grave crisis sanitaria “Coronavirus” que sobrepasa la capacidad del sistema público. Surgen incertidumbre, temor, colapso y caos. Desde Amber LBA en estas notas ofrecemos análisis y hoja de ruta básica que ayuden en la salida: ¿Qué hacer?

El RD 463/2020, entre las restricciones, requisas, prestaciones obligatorias propias de un estado de alarma, en lo que al ámbito jurídico-privado y patrimonial se refiere, destacar las siguientes medidas:

  • Limitación a la libertad de circulación, si bien se permite el “Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial, y (…) a entidades financieras y de seguros”.
  • Prohibición de apertura al público de gran parte de establecimientos comerciales y de servicios y actividades públicas.
  • Medidas procesales: Suspensión (i) de términos y plazos procesales durante la alarma, exceptuándose, entre otros, los conflictos colectivos (ej. ERE/ ERTEs); y (ii) de prescripción/caducidad de acciones y derechos.
  • Aseguramiento de bienes y servicios por salud pública: “Intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones. (…) requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales (…)”.
  • Aduanas: se prioriza el abastecimiento esencial y en transportes de mercancías y viajeros, reducción de oferta y frecuencia.

Pocos días antes se aprueban: a) RD-Ley 6/2020 que considera el período de aislamiento o contagio por esta enfermedad, debidamente justificada con partes de alta- baja, como situación asimilada a baja por accidente de trabajo; y b) D-Ley 7/2020, que, junto a medidas de apoyo a grupos vulnerables, incluye la posibilidad de los empresarios o profesionales cuyo volumen de negocio en 2019 no exceda 6.010.121,04€, solicitar aplazamiento de hasta 6 meses (los primeros 3 meses sin intereses) de deudas tributarias cuyo plazo de declaración-liquidación o autoliquidación finalice el 30 de mayo 2020.

Como era de esperar en una economía abierta inmediatamente estas medidas provocan la actual crisis repentina, profunda, generalizada de tesorería, y amenazan ya la viabilidad de autónomos MicroPymes, PYMES (que siguen siendo un elevado número en el tejido empresarial de nuestro país) e incluso grandes empresas, efecto que puede apreciarse, según los casos, en, por ejemplo:

  • Drástica pérdida de ingresos (ej. fabricantes o distribuidor que suministra a comercio minorista sujeto a prohibición; centros deportivos, de ocio y cultura).
  • Retrasos e impagos a proveedores por dificultades de tesorería.
  • Imposibilidad de cumplir con entrega de productos o prestación de servicios por falta de materias primas o servicios necesarios.
  • Despidos y pérdida de ingresos a trabajadores que impide atender pagos, etc.

… y mientras, sin posibilidad de reclamar judicialmente en el período de alarma.

Las empresas internacionalizadas sufrirán además las disfunciones de diferentes sistemas jurídicos y (costes legales): hay globalización en lo económico, social, pero no en el ámbito jurídico, carecemos de instituciones con ámbito de actuación global. La UE debería liderar una buena coordinación de los Estados miembros -los virus, no entienden de fronteras. La situación -de facto de fuerza mayor o insoportable onerosidad (hardship) de obligaciones contractuales o administrativas tributarias, etc. por el drástico y agudo cambio de circunstancias puede aliviarnos (para ej. exonerarnos de cumplir una obligación o pago de indemnización frente a acreedor o proveedor), pero también aliviar o incluso exonerar a nuestros clientes de las suyas.

No perder la calma. Es tiempo de tomar control y ser ágil en la toma de decisiones con apoyo de profesionales, atender a las autoridades, y actuar con diligencia:

  • Diagnóstico para cuantificar la situación de Balance derechos y obligaciones y todos los pasivos contingentes: revisar contratos, acuerdos y normas que los generan, especialmente su clausulado (ej. definición de incumplimientos, fuerza mayor, cláusulas de revisión o ajuste) y disposiciones relevantes; y de tesorería o circulante.
  • Identificar recursos y soluciones imaginativas (activos, negociación con clientes/ proveedores y business partners, bancos, socios, familiares, directivos/empleados, ayudas públicas ..).
  • Decidir medidas e instrumentos jurídicos adecuados a los acontecimientos.
  • Trazar plan de actuación flexible según la dinámica de la crisis.
  • Ponerse manos a la obra, iniciando contactos y negociaciones buscando acuerdos colaborativos, moratorias, refinanciación en aras a mantener la operatividad y .. la viabilidad futura.

Se planteará si todos los efectos de las restricciones constituyen causa de fuerza mayor o suponen un cambio sustancial en las bases o elementos principales (hardship,- principio rebus sic stantibus Material Adverse Change or Effect frecuente en inversiones) de una relación contractual, y sus efectos, o si, al permitir desplazamientos para trabajar y, “seguir funcionando” se impondrá una interpretación estricta y sólo se admita en aquellos casos del Anexo sujetos directamente (ej. restauración, establecimientos minoristas) o bien se justifique suficientemente la relación causal directa entre el estado de alerta y los daños o pérdidas sufridas. Se esperan nuevas medidas que aclaren y completen, en función de la dinámica de la situación. No debieran enmascarar en esta coyuntura situaciones deficitarias previas a esta coyuntura.

Pero,…, por muy duro que sea el período de alarma, quizá después, vendrá lo peor, o acaso, oportunidades, ver qué queda y cómo, y gestionar la “reconstrucción” o la reorientación,..: la receta puede ser más dura. En todo caso, la ley marca mecanismos a crisis empresarial, cuanto antes se afronten mejor para todos:

En la empresa: la legislación laboral permite la terminación ce contratos por causas de fuerza mayor económicas, técnicas, organizativas, o productivas, temporales (ERTE) o definitivas (ERE). En lo mercantil, habrá que gestionar acuerdos y contratos, y en el ámbito societario, recordar que si el patrimonio neto disminuye por debajo del 50% del capital, transcurridos 2 meses sin adoptarse determinadas medidas, los administradores pueden responder de deudas sociales personalmente; y medidas pre-concursales y concursales.  Para la persona física, mecanismos de “2ª oportunidad” y concurso personal.

Esperemos que, cuanto menos, el Gobierno, disponga medidas para diferir o aliviar plazos y determinadas funciones de la actividad económica, empresarial, laboral, etc. durante el confinamiento.

María-Antonia García – Abogado

 

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