Category Archives:Noticias

Deducibilidad de los intereses de demora tributarios

 

 

En fecha de hoy la Dirección General de Tributos ha publicado una Resolución en relación con la deducibilidad de los intereses de demora tributarios, en aplicación de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades que constituye el último capítulo sobre el prolongado cruce de criterios contradictorios al respecto que viene manteniendo este organismo frente a la AEAT y el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC).

El objeto de controversia, tal y como se recoge en el título de la Resolución, es la deducibilidad de los intereses de demora tributarios, esto es, los intereses legales que se cargan al sujeto pasivo o infractor cuando éste realice “un pago fuera de plazo o de la presentación de una autoliquidación o declaración de la que resulte una cantidad a ingresar una vez finalizado el plazo establecido al efecto en la normativa tributaria, del cobro de una devolución improcedente o en el resto de casos previstos en la normativa tributaria” (artículo 26 de la Ley General Tributaria). Tradicionalmente tales intereses se habían venido considerando deducibles a efectos del Impuesto sobre Sociedades en la medida que estuvieran debidamente contabilizados.

El TEAC inició la polémica interpretativa al negar tal deducibilidad en su Resolución de fecha 7 de mayo de 2015 por entender que no se trataba de gastos necesarios. Este criterio, en nuestra opinión, es muy discutible técnicamente en la medida que las Sentencias del Tribunal Supremo a las que se remite el TEAC aplicaban la Ley del Impuesto sobre Sociedades de 1978, mientras que desde la Ley 43/1995 la necesariedad no es un requisito para la deducibilidad del gasto.

La Dirección General de Tributos, por su parte, publicó con posterioridad varias Consultas Vinculantes, a destacar la V4080-15, en la que expresamente se consideraban tales intereses como gastos financieros sometidos a las normas de deducibilidad con carácter general vigentes para este tipo de gastos, tras lo cual la Subdirección General de Ordenación Legal y Asistencia Jurídica de la AEAT respondió el pasado 7 de marzo emitiendo un informe en el que estimaba no deducibles los intereses de demora contenidos en las liquidaciones administrativas derivadas de procedimientos de comprobación, de naturaleza indemnizatoria en aplicación de la doctrina vinculante del TEAC, mientras que los intereses suspensivos sí lo son.

Tanto la AEAT en nota aclaratoria del pasado 31 de marzo como la DGT en la Resolución aquí comentada parecen haber zanjado la polémica, al menos entre ambos organismos, al matizar que la primera siempre se ha referido a una interpretación bajo el antiguo texto normativo (Ley 43/1995) mientras que la segunda se ha pronunciado exclusivamente a efectos del texto normativo vigente en la actualidad (Ley 24/2014).

De esta forma, el criterio que parecen mantener ahora ambos organismos públicos es que los intereses de demora no eran deducibles hasta la entrada en vigor de la Ley 24/2014, mientras que tras su aprobación han pasado a serlo siempre que se cumplan los requisitos de deducibilidad exigibles para cualesquiera otros gastos financieros.

El Tribunal Supremo aprecia por primera vez la responsabilidad penal de las personas jurídicas

Fuente: Poder Judicial

 

El Pleno de la Sala II del Tribunal Supremo ha apreciado, por primera vez, la responsabilidad penal de las personas jurídicas y confirma las condenas impuestas por la Audiencia Nacional a tres empresas por su participación en delitos contra la salud pública, en concreto en el tráfico de más de 6.000 kilos de cocaína escondida en maquinaria objeto de importación y exportación entre España y Venezuela.

En relación a una de las empresas, modifica la pena excluyendo la disolución de la misma debido a que cuenta con una plantilla de más de cien personas que no tienen que sufrir los graves perjuicios de dicha medida, pero confirma que la sociedad debe pagar una multa de 775 millones de euros.

La sentencia explica los requisitos para apreciar la responsabilidad de las empresas de acuerdo al artículo 31 bis del Código Penal.

(1) Como presupuesto inicial, debe constatarse la comisión de delito por una persona física que sea integrante de la persona jurídica (en este caso eran administradores de hecho o de derecho).

(2) que las empresas hayan incumplido su obligación de establecer medidas de vigilancia y control para evitar la comisión de delitos. La sentencia señala: “Así, la determinación del actuar de la persona jurídica, relevante a efectos de la afirmación de su responsabilidad penal, ha de establecerse a partir del análisis acerca de si el delito cometido por la persona física en el seno de aquélla, ha sido posible o facilitado por la ausencia de una cultura de respeto al derecho como fuente de inspiración de la actuación de su estructura organizativa e independiente de la de cada una de las personas jurídicas que la integran, que habría de manifestarse en alguna clase de formas concretas de vigilancia y control del comportamiento de sus directivos y subordinados jerárquicos tendentes a la evitación de la comisión por éstos de los delitos”.

Los magistrados advierten (aunque lo descartan en este caso) de situaciones futuras donde puedan producirse conflictos de intereses procesales entre las personas físicas acusadas del delito y las personas jurídicas que sean representadas por esas mismas personas físicas, lo que podría originar una conculcación efectiva del derecho de defensa de la empresa. En ese sentido, pide a los jueces y tribunales que intenten evitar riesgos de ese tipo para proteger el derecho de defensa de la persona jurídica y sugieren al legislador que “remedie normativamente” este tipo de situaciones.

La resolución diferencia entre la empresa con actividad real y las que califica como sociedades “pantalla”, carentes de cualquier actividad lícita y creadas exclusivamente para la comisión de hechos delictivos. Estas, según la sentencia, han de ser consideradas al margen del régimen de responsabilidad penal del artículo 31 bis del Código Penal, sin perjuicio de que en este caso de autos se haya considerado de utilidad mantener las penas de disolución y multa impuestas.

A la espera de la publicación de la sentencia, señalar la importancia de la misma no sólo por ser la primera, sino porque la misma cuenta con el voto particular concurrente de 7 de los 15 magistrados que formaron el Pleno, que comparte el fallo de la resolución pero discrepa de parte de la doctrina que recoge. Así, considera que, en el caso de las personas jurídicas, altera las reglas probatorias aplicables con carácter general para la apreciación de circunstancias eximentes, estableciendo que las acusaciones acrediten el hecho negativo de la no concurrencia de instrumentos eficaces para la prevención de delitos. En opinión de estos magistrados, “no procede constituir a las personas jurídicas en un modelo privilegiado de excepción en materia probatoria”, sino que corresponde a la persona jurídica alegar la concurrencia de dichos instrumentos, y aportar una base racional para que pueda ser constatada la disposición de los mismos.

La Jornada sobre la Responsabilidad Penal de las Empresas: Situación Actual, se celebrará el próximo viernes 18 de Marzo, de 09.30 h. a 13:00 h. en nuestra Sede de Avenida Diagonal 601, 8ª planta, de Barcelona.

Jornada sobre la Responsabilidad Penal de las Empresas

La Jornada sobre la Responsabilidad Penal de las Empresas: Situacion Actual, se celebrará el próximo viernes 18 de Marzo, de 09.30 h. a 13:00 h. en nuestra Sede de Avenida Diagonal 601, 8ª planta, de Barcelona.

Las sesiones correrán a cargo de:

  • D. Oscar Serrano Zaragoza – Fiscal de Delitos Económicos – Fiscalía Provincial de Barcelona
  • Dª. Mª Antonia García Solanas – Socia de AMBER LBA
  • Dª María García Aguado – Socia de AMBER LBA – Presidente de ASEBLAC en Cataluña

Al finalizar la sesión, podremos disfrutar de un brunch & networking por cortesía de AIN Business Center.

La reciente reforma del Código Penal plantea para las empresas y sus directivos un nuevo y más severo marco de responsabilidad, que hace necesaria la implantación de modelos efectivos de prevención de ilícitos penales, en consonancia con la normativa y prácticas internacionales.

La reforma introducida por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, que entró en vigor el pasado 01 de julio de 2015, clarifica y mejora técnicamente la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que fue inicialmente introducida en nuestro ordenamiento jurídico por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, con la finalidad de delimitar adecuadamente el contenido del debido control, cuyo quebrantamiento permite fundamentar su responsabilidad penal.

Como consecuencia de estas disposiciones, las personas jurídicas podrán ser imputadas penalmente por los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o indirecto, en dos supuestos:

• Cuando sean cometidos por sus representantes legales, administradores o directivos;

• Cuando los cometan los empleados, colaboradores o agentes que dependan de ellos por haberse incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad.

Con ello se abre un nuevo cauce que está siendo utilizado por la fiscalía (ejemplos recientes: caso FCB, Neymar, Volkswagen) y los damnificados para proceder directamente contra las empresas y entidades, a fin de lograr un resarcimiento económico de los daños, dada la inmediatez, economía y amplias facultades del juez penal.

Ello implica para la empresa, además de la obligación de indemnizar, responsabilidades penales que se traducen en sanciones no cubiertas por las pólizas de seguros como son: Multas, por cuantías muy importantes; cierre de establecimientos; suspensión o disolución de la persona jurídica; inhabilitación y multas personales a los administradores y directivos con las consiguientes contingencias que ello supone en tanto no se dote de un adecuado programa de prevención.

En la jornada debatiremos los aspectos esenciales de la nueva regulación, cómo afrontar este nuevo reto a efectos prácticos, y así como las medidas de prevención que se pueden implantar.

Agenda

09:30 h: Recepción y registro de los participantes

10:00 h: Sesión técnica:

  • Responsabilidad penal de las empresas: cómo evitarla
  • Prueba de la responsabilidad penal de la persona jurídica
  • El plan de prevención
  • La figura del responsable de cumplimiento

12:30 h: Coloquio y clausura

13:00 h: Brunch & networking por cortesía de AIN Business Center

Más información: info@amberbas.com

Lista actualizada del GAFI de las jurisdicciones no cooperadoras en la lucha contra el BC-FT. Febrero 2016

La semana pasada, en el último plenario del GAFI, celebrado en París (Francia), el GAFI efectuó nueva Declaración Pública (Public Statement) realizando las modificaciones en la lista de jurisdicciones no cooperadoras.

Para facilitar la adaptación de las listas, hemos incluido un cuadro comparativo entre la última Declaración Pública de jurisdicciones no cooperadoras (Octubre 2015) y la aprobada la semana pasada.

Inspecciones de Consumo Programadas 2016

La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) acaba de publicar las Campañas Nacionales de Control de Mercado programadas para el año 2016.

En el documento adjunto presentamos en forma de tabla la información facilitada por AECOSAN sobre las Inspecciones de Consumo programadas para 2016 (en el marco de las Campañas Nacionales de Control de Mercado). El documento divide la información en 3 áreas principales: productos alimenticios, productos no alimenticios y servicios.

Debemos señalar que, dentro del área de servicios, quedan incluidas actividades propias de la comercialización de productos, p.e. ecommerce, crédito al consumo, folletos publicitarios y compraventa de vehículos de segunda mano. contratos celebrados a distancia, comercialización en grandes superficies.

La Campaña Nacional de Control de Mercado parte de los criterios de la Comisión de Cooperación de Consumo, con el objetivo de fomentar la unidad del mercado y la homogeneidad de la protección de los derechos de los consumidores en todo el territorio nacional. Las Campañas Nacionales de Control de Mercado son independientes del control sistemático de mercado que realizan las Comunidades Autónomas.

La información permite a las empresas tener una llamada de atención sobre algunos de los riesgos de inspección y/o sanción a que se puede enfrentar el año que viene. Es, por tanto, un buen momento para revisar y verificar el cumplimiento de la normativa vigente y, en su caso, proceder a subsanar y regularizar aquello que no esté en orden.

Estas inspecciones se realizarán todas – aunque no sean éstas, todas las que se vayan a efectuar – como hemos indicado, las CCAA también efectúan sus propias campañas y una actividad de control sistemático durante todo el año para la protección de los derechos de los consumidores y usuarios. Las inspecciones en materia de consumo tampoco excluyen las actividades de control realizadas por otras Administraciones Públicas (Sanidad, Comercio Exterior, Agricultura, etc.).

Lista actualizada del GAFI de las jurisdicciones no cooperadoras en la lucha contra el BC-FT. Octubre 2015

La semana pasada, en el último plenario del GAFI, celebrado en París (Francia), el GAFI efectuó nueva Declaración Pública (Public Statement) realizando las modificaciones en la lista de jurisdicciones no cooperadoras.

Para facilitar la adaptación de las listas, hemos incluido un cuadro comparativo entre la última Declaración Pública de jurisdicciones no cooperadoras (Junio 2015) y la aprobada la semana pasada.

El BITCOIN está exento de IVA en la Unión Europea

 

 

El Tribunal de Justicia de la UE, en sentencia del día de hoy, ha declarado

  1. que las operaciones consistentes en un intercambio de divisas tradicionales por unidades de la divisa virtual “bitcoin”, y viceversa, y realizadas a cambio de un precio (al que el operador compra las divisas, por un lado y, por otra, el precio al que las venda a sus clientes) constituyen prestaciones de servicios a título oneroso. (art. 2 (1) (c) de la Directiva 2006/112/CE de 28 Noviembre).
  2. que dichas operaciones, están exentas de IVA al amparo del artículo 135, apartado 1, letra e), de la Directiva 2006/112.

Fuente: ECLI:EU:C:2015:718

 

Las criptomonedas son muy controvertidas desde su creación por diversos motivos.

En España, esta misma semana se ha dado a conocer que la ONIF (Oficina Nacional de Investigación del Fraude) está enviando requerimientos a las empresas que aceptan pagos con bitcoins.

Por su parte, el GAFI, acaba de publicar ayer mismo  un nuevo informe sobre los riesgos emergentes en la financiación del terrorismo señalado el creciente uso de las criptomonedas y otros medios de pago “anónimos” por las organizaciones terroristas.

Caso Genepol: Imputación de persona jurídica por un delito contra el medio ambiente.

El instructor del Caso Genepol, que saltó a la prensa este verano, acaba de concretar con un nuevo auto las imputaciones del caso antes de cerrar la instrucción. Este es un claro ejemplo de la necesidad de que las personas jurídicas se doten de herramientas de Compliance Penal (cumplimiento de la legalidad penal).

En el Caso Genepol, el Juzgado inició diligencias previas por un atestado del SEPRONA y, tras practicarse las diligencias oportunas, se determina que los hechos pudieran constituir un delito contra el medio ambiente, previsto y penado en los artículos 325 y siguientes del Código Penal vigente, así como una falta de daños.

Imputados:

– GENEPOL, en su condición de persona jurídica, al amparo del art. 31 bis del Código Penal

– Javier, en su condición como ADMINISTRADOR de GENEPOL.

– Luis, como TENIENTE ALCALDE del Ayuntamiento y como Jefe de Planta de GENEPOL, aunque no concurriesen ambas condiciones al mismo tiempo.

– Alfonso, en su condición de ALCALDE del Ayuntamiento.

Los hechos que se señalan, muy sucintamente:

* Existencia de un vertido sin autorización (y no autorizable) y con importante carga contaminante procedente de GENEPOL.

* En definitiva, se señala que GENEPOL está vertiendo aguas residuales industriales sin estar correctamente depuradas, sobre el cauce público de un barranco, provocando una contaminación de la zona afectada ya que la red de alcantarillado no se encuentra terminada totalmente, no llegando a juntarse con la red de saneamiento de la localidad en su totalidad.

* El vertido ha generado un daño concreto al medioambiente y hay riesgo lesivo para el medio y persistente en el tiempo.

Se apuntan las responsabilidades:

* Responsabilidad de GENEPOL, por hacer caso omiso a los reiterados requerimientos de las instituciones aragonesas para que cesase el vertido. Según se indica, GENEPOL no realizó ninguna actividad encaminada a solucionar la contaminación generada.

* Responsabilidad del Ayuntamiento, como titular del colector; los vertidos realizados a través de alcantarillados / colectores municipales deben estar previamente autorizados, lo que no consta al Juzgado.

Adicionalmente, y en lo que nos interesa con relación al marco de Compliance Penal de la compañía, que, de tener implantados unos procesos adecuados, podría suponer exención de la responsabilidad de GENEPOL como persona jurídica o beneficiarse de una atenuación de la pena, el Juzgado señala:

  1. En GENEPOL, en su condición de mercantil, no existía o tenía contratada la figura del Director de Cumplimiento Normativo;
  2. No tenía activados instrumentos de prevención tales como
    1. mapas de riesgos,
    2. códigos de conducta,
    3. compliance programs – programas de cumplimiento de la legalidad
    4. y cualesquiera otros instrumentos mediante los cuales todos los agentes de la empresa asuman los valores o cultura de respeto a la legalidad penal.
  3. Igualmente, no tenían activados instrumentos de control (internos y externos) para supervisar de manera continuada el cumplimiento de la normativa interna establecida para evitar la comisión de delitos en el seno de la empresa, no bastando con la existencia de unos meros buzones.
  4. Tampoco tenía activados instrumentos disciplinarios para asegurar el debido control del cumplimiento de las normas de conducta establecidas por la empresa.

Por todo ello, al entender que ante el incumplimiento de tales medidas (Compliance Penal) y la falta de soporte documental que acreditare la adopción de las mismas anteriormente reseñadas, el juzgado entiende factible y de obligado cumplimiento para la instrucción la imputación de la persona jurídica.

 

I Jornadas Técnicas sobre Compliance en las PYMEs

Amber Legal & Business Advisors participará en las I Jornadas Técnicas sobre COMPLIANCE en las pequeñas y medianas empresas que se celebrará en Las Palmas de Gran Canaria los días 24 y 25 de septiembre.

Las jornadas, que giran bajo el título “Aplicación y riesgo de incumplimiento penal en las PYMEs” tendrán lugar en el Salón de Actos de FEMEPA (C/Leon y Castillo núm. 89-4º – Las Palmas de Gran Canaria).

Programa:

Formulario de Inscripción: