Ya ha entrado en vigor Ley 2/2023 de 20 de febrero reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción (“Ley de Protección del Informante”, “LPI”), que transpone la Directiva 2019/1937 (“Directiva de Whistleblowing”), complemento necesario de la prevención y detección del incumplimiento y de la corrupción, aplicable a entidades y organizaciones privadas y públicas, prohibiendo represalias contra el Informante y su entorno, con medidas de protección incluso asistenciales y financieras. A continuación abordamos los aspectos clave de la LPI.

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