Novedad interesante es el acuerdo alcanzado por los Juzgados Mercantiles de Barcelona para establecer las directrices en el procedimiento de tramitación de los procesos de venta de unidades productivas antes de la declaración de concurso de acreedores, lo que se denomina Pre-Pack Concursal.

El objetivo no es otro que el de salvar toda o parte de la actividad empresarial y especialmente, los puestos de trabajo, y hacerlo de la forma más ágil y transparente posible evitando quedar condicionado a los tiempos procesales de un procedimiento concursal y, por consiguiente, evitar la ralentización de todo el proceso que puede acabar frustrando la expectativa de venta de la unidad productiva.

Para ello este acuerdo prevé, entre otros aspectos, que aquellas empresas con unidades productivas en funcionamiento que se hallen en situación preconcusal, concursal u otra situación de dificultad puedan informar de los datos más relevantes de la Sociedad a través de un formulario normalizado publicado en el portal del Canal Empresa de la Dirección General de Industria de la Generalitat de Cataluña.

De esta manera se facilitan herramientas que proporcionan información a interesados para invertir en empresas en crisis y fomentar oportunidades de negocio, siempre amparadas a través de la comunicación al Juzgado prevista en el Artículo 583 del Texto Refundido de la Ley Concursal (antiguo artículo 5 bis de la Ley Concursal) en la que se contempla la posibilidad de solicitar el nombramiento de un experto independientes o administrador en materia de reestructuración que dotará de mayor seguridad y transparencia la valoración de los bienes de la empresa.

Durante la tramitación del Pre-Pack concursal el deudor mantendrá las facultades de administración y disposición de su patrimonio, el experto o administrador se podrá ir familiarizando con el negocio, verificará la publicidad y transparencia en la preparación de operaciones sobre los activos de la empresa y finalmente emitirá un informe con propuestas para vender las unidades productivas cuya autorización judicial, llegado el momento en que la empresa se haya declarado en concurso de acreedores, pueda ser efectiva de forma casi inmediata favoreciendo la seguridad jurídica de todos los agentes implicados en el proceso.