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China aprueba su Código Civil

El tan esperado Código Civil de China ha sido finalmente aprobado el 28 de mayo de 2020 por el 13º Congreso Nacional del Pueblo (RPC – la más alta legislatura de la República Popular de China) y entrará en vigor el 01 de enero de 2021. Es la compliación legislativa más extensa,moderna y la única conocida como “código” en la RPC.

El proceso ha durado unos 60 años, desde 1954, pero tras varios intentos infructuosos, incluso a pesar de la “política de reforma y apertura” de diciembre de 1978, la complejidad y la controversia, finalmente, en octubre de 2014, el Partido Comunista, como parte de los progresos necesarios para convertirse en un Estado de Derecho, el país resolvió compilar un código civil unificado para 2020:

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Sector inmobiliario post-Covid-19, Reo, Npls, etc Panorama legal, claves y sugerencias para el inversor

El mercado inmobiliario en España desde hace años viene sufriendo la mirada crítica de los poderes públicos, y representantes sociales y numerosas normas y medidas de intervención tendentes a favorecer y proteger a los deudores en especial consumidores y pequeños empresarios, agrandando una brecha de inseguridad jurídica agudizada con la crisis económica tras el estallido del Covid-19 o coronavirus, que desincentivan el interés de inversores, y a la vez, como toda crisis, tiene sus oportunidades para quienes, con buenos equipos legales y profesionales, sepan identificarlas a tiempo:

  • En la situación actual tenemos:
  • La Ley 29/1994 de 24 de noviembre de Arrendamientos Urbanos en su última reforma en materia de plazos arrendaticios amplió el plazo del arrendatario de viviendas de 3 a 5 años.
  • La Ley 5/2019, del Crédito inmobiliario, vino a reforzar la protección del prestatario y/o garante hipotecario, o fiador, creando un procedimiento más garantista y proteccionista para el deudor y garantes, más largo y complejo. El Banco de España advierte su interpretación de que en las cesiones de cartera deberán respetarse los derechos de los deudores y/o garantes.
  • Normas dispersas en comunidades autónomas y municipios de política de vivienda y protección de colectivos vulnerables, complican el panorama ej. en Cataluña, la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, el Decreto-Ley 17/2019, de 23 de diciembre, de medidas urgentes modificada por el Decreto 1/2020, forzando la puesta en explotación de viviendas vacías, y su disponibilidad como solución para colectivos vulnerables y en riesgo de desahucio incluso dando carta de naturaleza a la ocupación…
  • COVID-19: las ayudas tras la crisis sanitaria por coronavirus sustancialmente consistentes en moratorias en el pago de cuotas hipotecarias y rentas de alquileres, tanto de viviendas como de locales oficinas, comerciales e industriales.   La afectación en el sector inmobiliario no parece que vaya a ser uniforme sino que variará según sectores de actividad (turismo, hostelería restauración, …), tipología de producto (oficinas, locales comerciales vs. Residencial,) y ubicación, etc.

2. En este nuevo contexto, en operaciones de inversión en paquetes o carteras de inmuebles o de créditos inmobiliarios NpLs:

  • Conviene revisar la composición de cada portfolio, teniendo en cuenta,
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Nueva normalidad en España: Crisis empresarial y escenarios de restructuración: Riesgos y oportunidades. Nuevas reglas concursales y Directiva (UE) 2019/1023.

La “nueva normalidad” obliga a las empresas a revisar su estructura y adaptarla a la nueva situación económica. Revisar costes, adaptar la forma de atender los clientes, de trabajar, redefinir estrategias de negocio, quizá transmitir o prescindir de algunas actividades con sus elementos, iniciar otras: los cambios estructurales afectarán a muchas áreas de la organización, también al plano corporativo, aprovechar oportunidades de crecer adquiriendo empresas, activos o unidades de negocio sabiendo negociar deuda potencialmente acumulada, integrarse con otras empresas o establecer acuerdos estratégicos tipo joint-venture etc.

También esta crisis precipitará en muchos casos crisis latentes que venían gestándose en los últimos años, antes de la pandemia. El tejido empresarial español, atomizado en muchas empresas medianas, pequeñas y “microempresas” y autónomos cuyo reducido tamaño y “poco músculo financiero”, impide acceder a mercados, financiación y oportunidades de negocio será aún más vulnerable a esta crisis: Se impone ganar robustez si se quiere sobrevivir.

Inversores, con ahorro, capacidad financiera y fondos disponibles, encontrarán oportunidades de inversión en negocios y proyectos bien planteados que necesitan financiación para materializar su propuesta de valor.

En medio del estado de alarma se han dictado normas de urgencia, entre ellas algunas relativas a determinadas obligaciones concursales que ahora, levantado el estado de alarma, cobran relevancia.

Con todo, existen instrumentos legales (más y mejores que en la anterior crisis de 2008) que serán útiles para acometer los nuevos retos, pero contienen exigencias que no conviene ignorar a administradores, Socios y particularmente acreedores, veamos:

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RD-Ley 19/2020 de 26 de mayo: Medidas complementarias: Cuentas Anuales e Impuesto sobre Sociedades: nuevos plazos. Moratorias hipotecarias. Aplazamientos tributarios.

Con este nuevo RD-Ley 19/2020, entre otras medidas en el ámbito económico, agrario, científico, y laboral, el Gobierno viene a corregir una disfunción en estas cuestiones creada a raíz del RD-Ley 8/2020 y la normativa general del plazo de presentación de la autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades y añade disposiciones en materia de moratorias crediticias.

El RD-Ley 8/2020 había establecido una suspensión del plazo de 3 meses de formulación de cuentas anuales hasta que finalizara el estado de alarma, y para la aprobación de las cuentas anuales se dio un plazo de 3 meses siguientes a la finalización de dicho plazo, medidas éstas adaptadas al proceso dinámico de la evolución de la pandemia COVID-19 y su control.

Sin embargo, no previó nada para la autoliquidación por el Impuesto Sobre sociedades que, como se sabe, es un plazo fijo, esto es, dentro de los 25 días naturales inmediatos siguientes a los 6 meses posteriores a la conclusión del período impositivo – para ejercicios que cierran a 31 de diciembre, la fecha máxima sería para el ejercicio 2019, el 25 de julio de 2020- También es sabido que, conforme a la Ley de dicho Impuesto, la declaración se basa en el resultado contable.

Así las cosas, dado que el estado de alarma se prevé según el último el 21 de junio 2020, los plazos para aprobación de las cuentas podrían prolongarse hasta, ej. el 21 de diciembre, mientras el plazo de declaración de este impuesto habría vencido el 25 de julio 2020, sin siquiera haber finalizado el plazo de formulación y mucho menos de aprobación de las cuentas.

Con este nuevo RD-Ley 19/2020, entre otras medidas en el ámbito económico, agrario, científico, y laboral, el Gobierno dispone lo siguiente:

1. Cuentas anuales: Formulación y aprobación:

En la disposición Final 8ª, modifica el art. 40 del RD-Ley 8/2020 de forma que el plazo de formulación se suspende hasta el 1 de junio de 2020, reanudándose por otros 3 meses a contar desde dicha fecha, esto es, finalizando el 31 de agosto 2020 y en cuanto a la aprobación de las cuentas, establece un plazo de 2 meses siguientes al plazo de formulación, eso es, hasta el 31 de octubre de 2020.

2. Impuesto sobre Sociedades:

En su artículo 12, las declaraciones por el Impuesto sobre Sociedades deberán

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