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Ayudas al Empleo en Covid-19. Distribución de dividendos y beneficios ERTE y paraísos fiscales.

Mediante Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo (BOE 13/05/2020) que amplía la cobertura de los instrumentos de Expedientes de Regulación (Temporal) de Empleo “ER(T)Es” con los que muchos empresarios intentan paliar el impacto de las medidas derivadas del estado de alarma Covid-19, hasta el 30 de junio de 2020. Junto a las medidas propiamente laborales, su artículo 5 establece lo siguiente:

A) Las Empresas y entidades con domicilio fiscal en países o territorios calificados como paraísos fiscales conforme a la normativa vigente no podrán acogerse a los expedientes de regulación temporal de empleo.

Como comentario inicial sorprendería encontrar alguna entidad de esos países o territorios pueda tener directamente algún establecimiento permanente o centro de trabajo en España, y si la hubiera con un EP productivo, estaríamos ante una medida diferenciada, por razón de esas jurisdicciones. Otra cosa es qué territorios entran en la definición de “paraísos fiscales conforme a la normativa vigente” que ha sufrido una procelosa evolución desde el RD 1080/1991 y afecta a algunas jurisdicciones con transacciones no infrecuentes con España. La página web de la Agencia Estatal de Administración Tributaria contiene una relación.

B) Las sociedades mercantiles u otras personas jurídicas que a 29 de febrero 2020 tengan 50 trabajadores o asimilados en alta, que se acojan a ER(T)Es percibiendo recursos públicos al efecto no podrán distribuir dividendos correspondientes al ejercicio fiscal en que se apliquen estos ER(T)Es salvo ingresando las cuotas de seguridad social no satisfechas por aplicación de ER(T)Es. A efectos de no hacer incurrir a las sociedades en el derecho de separación que tendrían los socios cuando no se reparte un determinado importe mínimo de dividendos conforme al art. 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital, se puntualiza que no se tendrá en cuenta en el cómputo correspondiente este ejercicio de aplicación de ER(T)Es.

Como comentarios de urgencia, no se entiende qué personas jurídicas que no sean sociedades mercantiles reparten dividendos. No se establece a partir de cuándo esos dividendos podrán ser distribuidos, ni qué forma o carácter especial tenga esa reserva. Por otra parte, no parece esté prohibiendo el reparto de reservas acumuladas libremente distribuibles, ni operaciones de devolución de aportaciones a socios. Confiamos el legislador pronto clarifique estas cuestiones.

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Texto Refundido de la Ley Concursal, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo (BOE de 07/05/2020)

La profunda crisis económica tras la irrupción de la crisis sanitaria Covid-19 ha urgido al legislador, y pocos días después de las medidas extraordinarias adoptadas en el Real Decreto-ley 16/2020 de 28 de abril,  a acelerar los trámites legislativos, y finalmente se ha aprobado el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal (BOE de 07/05/2020), fruto del mandato del Parlamento para refundir, armonizar, clarificar y ordenar la legislación concursal, de mayo de 2015 y renovado en febrero de 2019.

Entra en vigor, en general, el 01 de setiembre de 2020, si bien con un prolijo régimen transitorio en determinadas cuestiones – algunas sujetas a desarrollo reglamentario. El nuevo texto refundido tiene 752 artículos (antes 242) divididos en tres libros:

  1. Concurso de acreedores.
  2. Derecho pre-concursal.
  3. Derecho internacional privado.

Con ello en un único texto legal se reordenan y clarifican las disposiciones de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal y las 28 modificaciones legislativas desde que entró en vigor para resolver incongruencias, problemas interpretativos y falta de seguridad jurídica en materia tan crucial. Asimismo, pretende sentar las bases para la transposición de la Directiva (UE) 2019/1023, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, que provee mecanismos de alerta de riesgos de insolvencia, una regulación más completa y coherente de restructuración preventiva de deudas, simplifica el derecho concursal, mayor eficiencia y racionalización de costes y mayores posibilidades de acceder al beneficio de liberación de deudas.

La oportunidad de este instrumento legal, incuestionable, ha de servir ante la irrupción de la Crisis Covid-19, que rápidamente ha pasado de ser una crisis sanitaria a ser ya, también una crisis económica, recesión mundial grave. Confiemos no se pierda llegando demasiado tarde con la falta de desarrollo reglamentario de algunas de las disposiciones que lo requieren, y con urgencia.

 

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Real Decreto-ley 15/2020 de 21 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo (BOE 22 de abril de 2020). ARRENDAMIENTOS PARA USO DISTINTO DE VIVIENDA

Con este RD-Ley el Gobierno de España ofrece instrumentos para mitigar el impacto de la crisis Covid-19 en la drástica caída de ingresos en pequeñas y medianas empresas (PYMES) y profesionales obligados a suspender su actividad o indirectamente afectados por sus clientes o proveedores en estas circunstancias.

Pretende facilitar instrumento legal para moderar o reducir los costes de rentas derivadas de los arrendamientos de fincas para usos distinto de vivienda de PYMES, empresarios autónomos y profesionales, en todo caso, afectos a sus actividades empresariales o profesionales, (locales comerciales, naves industriales, oficinas, etc.) regulados bajo el régimen de la actual Ley 29/1994 de 24 de noviembre (“LAU”) o arrendamientos de industria – parece que quedan fuera arrendamientos regulados por la legislación anterior.

Se alinea con la doctrina jurisprudencial en aplicar la cláusula «rebus sic stantibus»,  (en cierta medida equivalente al hardship de Derecho anglosajón), que permite la modulación o modificación de las obligaciones contractuales siempre que se den determinados requisitos exigidos a la causa del desequilibrio: imprevisibilidad e inevitabilidad del riesgo, excesiva onerosidad de la prestación debida y buena fe contractual, y todo ello encaminado a reducir los costes operativos de pequeñas y medianas empresas (PYMES) y autónomos, veamos:

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Compliance en época de COVID-19

Nuestro ordenamiento, como el de países de nuestro entorno, ha venido elevando los estándares de cumplimiento legal de empresas y organizaciones (muy claramente con la reforma de 2015 del Código Penal y el nuevo art. 31 bis) con mayores exigencias de prevención del incumplimiento normativo (no sólo penal) -y reforzados mecanismos de sanción-, con objeto de reducir los riesgos derivados del incumplimiento normativo, si bien estos nuevos requerimientos están siendo adoptados de modo desigual y en este proceso ha irrumpido la emergencia desencadenada por la crisis sanitaria COVID-19.

Estos días especialmente difíciles de aguda crisis derivada de las medidas decretadas a raíz de la declaración en estado de alarma el 14 de marzo de 2020, ponen a prueba la solidez de estructuras administrativas y de gestión de empresas y organizaciones.

Son momentos de decisiones urgentes y difíciles que exponen a los directivos a mayor nivel de riesgo en muchos aspectos, también el riesgo de incumplimiento normativo tomando decisiones o actuando infringiendo las leyes en distintos ámbitos, e incluso, especialmente, mediante una aplicación indebida de normas o ventajas legales aprovechando lo excepcional de la situación.

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COVID-19 Medidas tributarias: Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril, por el que se extiende el plazo para la presentación e ingreso de determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias.

Aprueba la extensión del plazo de presentación e ingreso de declaraciones y autoliquidaciones cuyo vencimiento se produzca entre el 15/04/2020 (fecha de entrada en vigor) y hasta el día 20/05/2020 hasta el mismo día 20/05/2020 (15 de mayo de 2020 si la forma de pago es por domiciliación).

Se exceptúan las declaraciones reguladas en el Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, de código aduanero de la UE y su normativa de desarrollo.

Pueden beneficiarse de esta medida los obligados tributarios cuyo volumen de operaciones en 2019 no exceda de 600.000 €.  Se exceptúan:

  • Grupos fiscales que apliquen el régimen especial de consolidación fiscal con independencia de su cifra neta de negocios.
  • Grupos de entidades de régimen especial de IVA (cap. IX Tít. IX de la Ley 37/1992) con independencia de su volumen de operaciones.
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Los contratos logísticos y COVID-19: ¿Fuerza mayor? “Rebus sic stantibus”?

La prestación de servicios logísticos está viviendo días intensos.  El comercio y la distribución en las últimas décadas se ha intensificado y globalizado, gracias a la logística como servicio integral, eje de la cadena de suministro que incluye diversas prestaciones y ello se traslada al plano jurídico, que la acoge como relación contractual atípica, pues no tiene tipificado un “contrato logístico” (a diferencia de compraventa, préstamo, o arrendamiento).

Como contrato “complejo” o conjunto de contratos, de diversa naturaleza jurídica: incluye varios contratos, principalmente, contrato de depósito, de servicios de transporte, embalaje, gestión de stocks, controles de calidad, pruebas, preparación de pedidos, gestiones aduaneras, logística inversa, etc.

La actual crisis COVID-19 exige maximizar la eficiencia en los procesos, precisamente lo que aporta la logística, que ahora contribuye a sostener la vida del país en momentos tan críticos. Y ahora el sector logístico se afectado, de un lado por las restricciones a que se ven sometidos sus clientes y/o proveedores (ej. actividades “no esenciales) y de otro, por el incremento de volumen de trabajo, ej. gestionar productos esenciales, o incluso bajo requisa, con cambios repentinos y profundos.

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