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Nueva resolución sobre la cláusula de gastos de los préstamos hipotecarios

La Sección Primera de la Audiencia de Pontevedra se acaba de pronunciar sobre los efectos de la declaración de la nulidad de las cláusulas de gastos en contratos e préstamos hipotecarios.
Los magistrados de la Audiencia han concluido que

(1) Impuesto: el impuesto que grava la operación de préstamo de garantía hipotecaria corresponde al prestatario, es decir, el cliente.

(2) Registro: los gastos derivados de la inscripción en el Registro de la Propiedad deben ser asumidos por aquel a favor de quien se inscribe el derecho, que en este caso es la entidad bancaria.

(3) Notario: la Audiencia sostiene que deben ser abonados por quien solicitó sus servicios. Si éste dato fuese desconocido, se aplicarán las normas fiscales correspondientes, debiendo hacerse cargo de los mismos el cliente (deudor hipotecario). En cualquier caso, la expedición de copias tienen que ser abonadas por quien las solicitó.

(4) Tasación de fincas y gastos de gestoría: La intención de la Audiencia es pronunciarse sobre los gastos de la tasación de las fincas y los gastos de gestoría también derivados de los contratos de préstamo con garantía hipotecaria, tan pronto se plantee expresamente una cuestión sobre tales conceptos.

Fuente: Poder Judicial

España tendrá que modificar su Derecho en materia de consumidores

 

La Comisión Europea pide a España que ponga en consonancia con el Derecho de la Unión Europea en materia de consumidores su legislación nacional sobre el procedimiento civil que regula la ejecución hipotecaria y las órdenes de pago.

La actuación de la Comisión pretende garantizar que los consumidores estén plenamente protegidos contra las cláusulas contractuales abusivas. La Directiva relativa a las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores (Directiva 93/13/CEE del Consejo) garantiza que el consumidor no quede vinculado por cláusulas abusivas cuando el contrato no haya sido negociado individualmente.

Una cláusula contractual se considera abusiva si causa un desequilibrio importante entre derechos y obligaciones de las partes y es contraria a las exigencias de la buena fe.

Los Estados miembros deben asegurarse de que el Derecho nacional facilita los medios efectivos para hacer valer estos derechos y que las empresas dejan de recurrir a tales cláusulas abusivas.

Si bien la Comisión celebra las modificaciones que introdujeron las autoridades españolas en el procedimiento civil a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE en el asunto de Mohamed Aziz (C-415/11), de marzo de 2013, le siguen preocupando una serie de cuestiones.

En ausencia de una respuesta satisfactoria de España en el plazo de dos meses, la Comisión podrá enviar un dictamen motivado a las autoridades españolas.

Fuente: Comisión Europea