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¿Cómo nos afecta el BREXIT?: Riesgos y oportunidades

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A nadie se le escapa que la aprobación del BREXIT en el Reino Unido, es decir, el abandono de la Unión Europea, traerá una época de incertidumbres, cambios e inseguridad.

En AMBER LBA estamos trabajando para poder asesorar a nuestros clientes con relación a los riesgos de su posición jurídica personal, inversiones, etc., que tendrán que enfrentar; así como para ayudarles a identificar y aprovechar las oportunidades que traerán los cambios que vienen.

Colaboramos estrechamente con nuestros  clientes en la identificación de oportunidades y el control de riesgos, tanto de las posiciones existentes en este momento, como en el apoyo a la planificación de sus inversiones e intereses futuros, con un planteamiento de 360 grados.

Sabemos que un adecuado asesoramiento incluye, entre otros, conjugar los aspectos legales, fiscales, laborales, financieros … con los intereses de negocio, y estrategia de nuestros clientes.

La anticipación y asesoramiento preventivo facilita la toma de decisiones, genera ahorros en tiempo  y dinero, reduce conflictos y mejora procesos.

En  AMBER LBA sabemos que el time-to-market es esencial para nuestros clientes. Asesoramos y colaboramos con ellos para optimizar su posición en el mercado y gestionar sus riesgos al ritmo del actual entorno empresarial y de competitividad.

Desde Amber LBA ofrecemos el apoyo de nuestro equipo de profesionales para facilitar la información y  asesoramiento especializado que precise a través de nuestros canales de comunicación habituales. También podrá contactarnos a través de la dirección info@amberbas.com.

El Tribunal Supremo aprecia por primera vez la responsabilidad penal de las personas jurídicas

Fuente: Poder Judicial

 

El Pleno de la Sala II del Tribunal Supremo ha apreciado, por primera vez, la responsabilidad penal de las personas jurídicas y confirma las condenas impuestas por la Audiencia Nacional a tres empresas por su participación en delitos contra la salud pública, en concreto en el tráfico de más de 6.000 kilos de cocaína escondida en maquinaria objeto de importación y exportación entre España y Venezuela.

En relación a una de las empresas, modifica la pena excluyendo la disolución de la misma debido a que cuenta con una plantilla de más de cien personas que no tienen que sufrir los graves perjuicios de dicha medida, pero confirma que la sociedad debe pagar una multa de 775 millones de euros.

La sentencia explica los requisitos para apreciar la responsabilidad de las empresas de acuerdo al artículo 31 bis del Código Penal.

(1) Como presupuesto inicial, debe constatarse la comisión de delito por una persona física que sea integrante de la persona jurídica (en este caso eran administradores de hecho o de derecho).

(2) que las empresas hayan incumplido su obligación de establecer medidas de vigilancia y control para evitar la comisión de delitos. La sentencia señala: “Así, la determinación del actuar de la persona jurídica, relevante a efectos de la afirmación de su responsabilidad penal, ha de establecerse a partir del análisis acerca de si el delito cometido por la persona física en el seno de aquélla, ha sido posible o facilitado por la ausencia de una cultura de respeto al derecho como fuente de inspiración de la actuación de su estructura organizativa e independiente de la de cada una de las personas jurídicas que la integran, que habría de manifestarse en alguna clase de formas concretas de vigilancia y control del comportamiento de sus directivos y subordinados jerárquicos tendentes a la evitación de la comisión por éstos de los delitos”.

Los magistrados advierten (aunque lo descartan en este caso) de situaciones futuras donde puedan producirse conflictos de intereses procesales entre las personas físicas acusadas del delito y las personas jurídicas que sean representadas por esas mismas personas físicas, lo que podría originar una conculcación efectiva del derecho de defensa de la empresa. En ese sentido, pide a los jueces y tribunales que intenten evitar riesgos de ese tipo para proteger el derecho de defensa de la persona jurídica y sugieren al legislador que “remedie normativamente” este tipo de situaciones.

La resolución diferencia entre la empresa con actividad real y las que califica como sociedades “pantalla”, carentes de cualquier actividad lícita y creadas exclusivamente para la comisión de hechos delictivos. Estas, según la sentencia, han de ser consideradas al margen del régimen de responsabilidad penal del artículo 31 bis del Código Penal, sin perjuicio de que en este caso de autos se haya considerado de utilidad mantener las penas de disolución y multa impuestas.

A la espera de la publicación de la sentencia, señalar la importancia de la misma no sólo por ser la primera, sino porque la misma cuenta con el voto particular concurrente de 7 de los 15 magistrados que formaron el Pleno, que comparte el fallo de la resolución pero discrepa de parte de la doctrina que recoge. Así, considera que, en el caso de las personas jurídicas, altera las reglas probatorias aplicables con carácter general para la apreciación de circunstancias eximentes, estableciendo que las acusaciones acrediten el hecho negativo de la no concurrencia de instrumentos eficaces para la prevención de delitos. En opinión de estos magistrados, “no procede constituir a las personas jurídicas en un modelo privilegiado de excepción en materia probatoria”, sino que corresponde a la persona jurídica alegar la concurrencia de dichos instrumentos, y aportar una base racional para que pueda ser constatada la disposición de los mismos.

La Jornada sobre la Responsabilidad Penal de las Empresas: Situación Actual, se celebrará el próximo viernes 18 de Marzo, de 09.30 h. a 13:00 h. en nuestra Sede de Avenida Diagonal 601, 8ª planta, de Barcelona.

Jornada sobre la Responsabilidad Penal de las Empresas

La Jornada sobre la Responsabilidad Penal de las Empresas: Situacion Actual, se celebrará el próximo viernes 18 de Marzo, de 09.30 h. a 13:00 h. en nuestra Sede de Avenida Diagonal 601, 8ª planta, de Barcelona.

Las sesiones correrán a cargo de:

  • D. Oscar Serrano Zaragoza – Fiscal de Delitos Económicos – Fiscalía Provincial de Barcelona
  • Dª. Mª Antonia García Solanas – Socia de AMBER LBA
  • Dª María García Aguado – Socia de AMBER LBA – Presidente de ASEBLAC en Cataluña

Al finalizar la sesión, podremos disfrutar de un brunch & networking por cortesía de AIN Business Center.

La reciente reforma del Código Penal plantea para las empresas y sus directivos un nuevo y más severo marco de responsabilidad, que hace necesaria la implantación de modelos efectivos de prevención de ilícitos penales, en consonancia con la normativa y prácticas internacionales.

La reforma introducida por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, que entró en vigor el pasado 01 de julio de 2015, clarifica y mejora técnicamente la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que fue inicialmente introducida en nuestro ordenamiento jurídico por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, con la finalidad de delimitar adecuadamente el contenido del debido control, cuyo quebrantamiento permite fundamentar su responsabilidad penal.

Como consecuencia de estas disposiciones, las personas jurídicas podrán ser imputadas penalmente por los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o indirecto, en dos supuestos:

• Cuando sean cometidos por sus representantes legales, administradores o directivos;

• Cuando los cometan los empleados, colaboradores o agentes que dependan de ellos por haberse incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad.

Con ello se abre un nuevo cauce que está siendo utilizado por la fiscalía (ejemplos recientes: caso FCB, Neymar, Volkswagen) y los damnificados para proceder directamente contra las empresas y entidades, a fin de lograr un resarcimiento económico de los daños, dada la inmediatez, economía y amplias facultades del juez penal.

Ello implica para la empresa, además de la obligación de indemnizar, responsabilidades penales que se traducen en sanciones no cubiertas por las pólizas de seguros como son: Multas, por cuantías muy importantes; cierre de establecimientos; suspensión o disolución de la persona jurídica; inhabilitación y multas personales a los administradores y directivos con las consiguientes contingencias que ello supone en tanto no se dote de un adecuado programa de prevención.

En la jornada debatiremos los aspectos esenciales de la nueva regulación, cómo afrontar este nuevo reto a efectos prácticos, y así como las medidas de prevención que se pueden implantar.

Agenda

09:30 h: Recepción y registro de los participantes

10:00 h: Sesión técnica:

  • Responsabilidad penal de las empresas: cómo evitarla
  • Prueba de la responsabilidad penal de la persona jurídica
  • El plan de prevención
  • La figura del responsable de cumplimiento

12:30 h: Coloquio y clausura

13:00 h: Brunch & networking por cortesía de AIN Business Center

Más información: info@amberbas.com

I Jornadas Técnicas sobre Compliance en las PYMEs

Amber Legal & Business Advisors participará en las I Jornadas Técnicas sobre COMPLIANCE en las pequeñas y medianas empresas que se celebrará en Las Palmas de Gran Canaria los días 24 y 25 de septiembre.

Las jornadas, que giran bajo el título “Aplicación y riesgo de incumplimiento penal en las PYMEs” tendrán lugar en el Salón de Actos de FEMEPA (C/Leon y Castillo núm. 89-4º – Las Palmas de Gran Canaria).

Programa:

Formulario de Inscripción:

Avances hacia la Transparencia e Identificación del Titular Real

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) acaba de publicar una guía sobre Transparencia y Titularidad Real (Guidance on Transparency and Beneficial Ownership). La guía se configura como una herramienta para facilitar el diseño y puesta en práctica de medidas que permitan prevenir y disuadir el uso indebido de vehículos corporativos, tales como empresas, trusts (fideicomisos) y otros tipos de vehículos y entidades jurídicas – para el blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y otros fines ilícitos.

Los vehículos corporativos juegan un papel esencial en la economía global, para el desarrollo de distintas actividades comerciales y empresariales legítimas.

Sin embargo, también han sido mal utilizados por los delincuentes para ocultar y convertir el producto de sus delitos. El atractivo para los delincuentes reside en el hecho de que los vehículos corporativos pueden ser utilizados para eludir los controles por ocultar la identidad de los delincuentes conocidos o sospechosos y el origen o el uso de fondos o bienes asociados al vehículo corporativo.  El GAFI considera que este uso indebido podría reducirse significativamente si la información precisa con respecto al propietario legal y titular real, el origen de los bienes y sus actividades fuesen accesibles a las autoridades que, frecuentemente, encuentran muchas dificultades, especialmente cuando hay varios países involucrados.

Las recomendaciones del GAFI proporcionan medidas que abordan la transparencia y la titularidad real de las personas jurídicas (Recomendación 24) y de otros instrumentos legales (Recomendación 25). La Guía indica a los países las medidas que deben adoptar para prevenir el mal uso de las entidades jurídicas, evitando que puedan ser utilizados con fines delictivos, en particular:

  • Evaluar riesgos asociados a personas jurídicas y otros instrumentos legales
  • Lograr transparencia suficiente en las personas jurídicas y otros instrumentos legales, y
  • Asegurarse de que la información básica es exacta y actualizada y la titularidad real esté disponible para las autoridades competentes en el momento oportuno.

El papel del GAFI en la regulación del titular real ha tenido su reflejo en las medidas adoptadas por los líderes globales, p.e. con el compromiso del G20 de implementar los estándares del GAFI en materia de titularidad real. Actualmente en EEUU, además de la aplicación del FATCA, está discutiéndose el estrechamiento de las reglas de identificación del titular real, con una propuesta de FinCEN (Unidad de Inteligencia Financiera), así como la falta de transparencia en la propiedad de las corporaciones en determinados estados de EEUU como Delaware, Nevada y Wyoming.

Un ejemplo de las recomendaciones que incluye el GAFI en la Guía sobre Transparencia y Titularidad Real para mejorar la transparencia se refiere a los títulos al portador (p.e., acciones en una Sociedad Anónima en España), indicando que los estados establezcan uno o varias de los siguientes mecanismos:

  1. Prohibirlos
  2. Convertirlos en nominativos
  3. Inmovilizarlos exigiendo su tenencia por una entidad/intermediario regulado
  4. Que los accionistas con participación de control que lo notifiquen a la compañía, y que la compañía registre su identidad.

Los empresarios e inversores que operen a nivel internacional deberán tener muy en cuenta la regulación sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, por cuanto el compliance en esta materia, afecta, entre otros, al modo y plazos para la ejecución de sus operaciones.