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España tendrá que modificar su Derecho en materia de consumidores

 

La Comisión Europea pide a España que ponga en consonancia con el Derecho de la Unión Europea en materia de consumidores su legislación nacional sobre el procedimiento civil que regula la ejecución hipotecaria y las órdenes de pago.

La actuación de la Comisión pretende garantizar que los consumidores estén plenamente protegidos contra las cláusulas contractuales abusivas. La Directiva relativa a las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores (Directiva 93/13/CEE del Consejo) garantiza que el consumidor no quede vinculado por cláusulas abusivas cuando el contrato no haya sido negociado individualmente.

Una cláusula contractual se considera abusiva si causa un desequilibrio importante entre derechos y obligaciones de las partes y es contraria a las exigencias de la buena fe.

Los Estados miembros deben asegurarse de que el Derecho nacional facilita los medios efectivos para hacer valer estos derechos y que las empresas dejan de recurrir a tales cláusulas abusivas.

Si bien la Comisión celebra las modificaciones que introdujeron las autoridades españolas en el procedimiento civil a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE en el asunto de Mohamed Aziz (C-415/11), de marzo de 2013, le siguen preocupando una serie de cuestiones.

En ausencia de una respuesta satisfactoria de España en el plazo de dos meses, la Comisión podrá enviar un dictamen motivado a las autoridades españolas.

Fuente: Comisión Europea

Cláusulas suelo: TS a la espera de la sentencia del TJUE

Fuente: Poder Judicial

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha suspendido la tramitación de un recurso de UNICAJA en materia de cláusula suelo de una hipoteca hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie sobre los efectos de la declaración de nulidad de dichas cláusulas, en concreto sobre el alcance de la retroactividad de dicha nulidad.

El recurso suspendido fue interpuesto por Unicaja contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Jaén, de 10 de julio de 2014, que dio la razón a dos clientes anulando su cláusula suelo con la citada entidad, y condenando a ésta a devolver lo indebidamente cobrado sin tener como tope la fecha de mayo de 2013, señalada por el TS en su sentencia sobre este asunto (reconociendo la devolución íntegra de cantidades).

El TJUE el próximo 26 de abril celebrará la vista de una cuestión prejudicial planteada por un Juzgado de lo Mercantil de Granada para conocer si se ajusta a la normativa comunitaria moderar los efectos retroactivos de la nulidad de una cláusula suelo.

Los dos clientes de Unicaja a los que dio la razón la Audiencia de Jaén pidieron al Supremo que suspendiese el recurso de la entidad bancaria -cuya deliberación se fijó inicialmente para el próximo 4 de mayo- hasta que se pronuncie sobre la retroactividad el Tribunal de Justicia de la UE. El banco y la Fiscalía se opusieron a dicha petición.

El TS ha accedido a la suspensión porque la cuestión jurídica planteada en el recurso interpuesto por Unicaja está directamente relacionada con la referida cuestión prejudicial, “pues en el recurso se solicita la aplicación de la doctrina de esta Sala sobre efectos de la declaración de nulidad de la cláusula suelo, interpretación que está siendo cuestionada a la luz de la normativa comunitaria ante el TJUE”.

El TS recuerda que contra la sentencia que debe dictar no cabe interponer recurso alguno en vía judicial, y subraya la cercanía de la fecha señalada para la vista ante el TJUE y, consiguientemente, de la sentencia que haya de dictarse, por lo que la suspensión temporal del proceso no se prevé extensa, y no se causa un perjuicio relevante a las partes.

Precisamente por la cercanía de la resolución del TJUE a la controvertida cuestión prejudicial, algunas entidades financieras están ofreciendo ciertos acuerdos a sus clientes, en muchos casos, con renuncia de acciones futuras. Es recomendable no precipitarse ni caer en la presión de una oferta comercial con un plazo corto para la toma de decisión.

Antes de llegar a un acuerdo con una entidad financiera es aconsejable valorarlo bien, a ser posible, contando con asesoramiento especializado de un abogado o de una asociación de consumidores.

Deducibilidad de los intereses de demora tributarios

 

 

En fecha de hoy la Dirección General de Tributos ha publicado una Resolución en relación con la deducibilidad de los intereses de demora tributarios, en aplicación de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades que constituye el último capítulo sobre el prolongado cruce de criterios contradictorios al respecto que viene manteniendo este organismo frente a la AEAT y el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC).

El objeto de controversia, tal y como se recoge en el título de la Resolución, es la deducibilidad de los intereses de demora tributarios, esto es, los intereses legales que se cargan al sujeto pasivo o infractor cuando éste realice “un pago fuera de plazo o de la presentación de una autoliquidación o declaración de la que resulte una cantidad a ingresar una vez finalizado el plazo establecido al efecto en la normativa tributaria, del cobro de una devolución improcedente o en el resto de casos previstos en la normativa tributaria” (artículo 26 de la Ley General Tributaria). Tradicionalmente tales intereses se habían venido considerando deducibles a efectos del Impuesto sobre Sociedades en la medida que estuvieran debidamente contabilizados.

El TEAC inició la polémica interpretativa al negar tal deducibilidad en su Resolución de fecha 7 de mayo de 2015 por entender que no se trataba de gastos necesarios. Este criterio, en nuestra opinión, es muy discutible técnicamente en la medida que las Sentencias del Tribunal Supremo a las que se remite el TEAC aplicaban la Ley del Impuesto sobre Sociedades de 1978, mientras que desde la Ley 43/1995 la necesariedad no es un requisito para la deducibilidad del gasto.

La Dirección General de Tributos, por su parte, publicó con posterioridad varias Consultas Vinculantes, a destacar la V4080-15, en la que expresamente se consideraban tales intereses como gastos financieros sometidos a las normas de deducibilidad con carácter general vigentes para este tipo de gastos, tras lo cual la Subdirección General de Ordenación Legal y Asistencia Jurídica de la AEAT respondió el pasado 7 de marzo emitiendo un informe en el que estimaba no deducibles los intereses de demora contenidos en las liquidaciones administrativas derivadas de procedimientos de comprobación, de naturaleza indemnizatoria en aplicación de la doctrina vinculante del TEAC, mientras que los intereses suspensivos sí lo son.

Tanto la AEAT en nota aclaratoria del pasado 31 de marzo como la DGT en la Resolución aquí comentada parecen haber zanjado la polémica, al menos entre ambos organismos, al matizar que la primera siempre se ha referido a una interpretación bajo el antiguo texto normativo (Ley 43/1995) mientras que la segunda se ha pronunciado exclusivamente a efectos del texto normativo vigente en la actualidad (Ley 24/2014).

De esta forma, el criterio que parecen mantener ahora ambos organismos públicos es que los intereses de demora no eran deducibles hasta la entrada en vigor de la Ley 24/2014, mientras que tras su aprobación han pasado a serlo siempre que se cumplan los requisitos de deducibilidad exigibles para cualesquiera otros gastos financieros.