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El Tribunal Supremo aprecia por primera vez la responsabilidad penal de las personas jurídicas

Fuente: Poder Judicial

 

El Pleno de la Sala II del Tribunal Supremo ha apreciado, por primera vez, la responsabilidad penal de las personas jurídicas y confirma las condenas impuestas por la Audiencia Nacional a tres empresas por su participación en delitos contra la salud pública, en concreto en el tráfico de más de 6.000 kilos de cocaína escondida en maquinaria objeto de importación y exportación entre España y Venezuela.

En relación a una de las empresas, modifica la pena excluyendo la disolución de la misma debido a que cuenta con una plantilla de más de cien personas que no tienen que sufrir los graves perjuicios de dicha medida, pero confirma que la sociedad debe pagar una multa de 775 millones de euros.

La sentencia explica los requisitos para apreciar la responsabilidad de las empresas de acuerdo al artículo 31 bis del Código Penal.

(1) Como presupuesto inicial, debe constatarse la comisión de delito por una persona física que sea integrante de la persona jurídica (en este caso eran administradores de hecho o de derecho).

(2) que las empresas hayan incumplido su obligación de establecer medidas de vigilancia y control para evitar la comisión de delitos. La sentencia señala: “Así, la determinación del actuar de la persona jurídica, relevante a efectos de la afirmación de su responsabilidad penal, ha de establecerse a partir del análisis acerca de si el delito cometido por la persona física en el seno de aquélla, ha sido posible o facilitado por la ausencia de una cultura de respeto al derecho como fuente de inspiración de la actuación de su estructura organizativa e independiente de la de cada una de las personas jurídicas que la integran, que habría de manifestarse en alguna clase de formas concretas de vigilancia y control del comportamiento de sus directivos y subordinados jerárquicos tendentes a la evitación de la comisión por éstos de los delitos”.

Los magistrados advierten (aunque lo descartan en este caso) de situaciones futuras donde puedan producirse conflictos de intereses procesales entre las personas físicas acusadas del delito y las personas jurídicas que sean representadas por esas mismas personas físicas, lo que podría originar una conculcación efectiva del derecho de defensa de la empresa. En ese sentido, pide a los jueces y tribunales que intenten evitar riesgos de ese tipo para proteger el derecho de defensa de la persona jurídica y sugieren al legislador que “remedie normativamente” este tipo de situaciones.

La resolución diferencia entre la empresa con actividad real y las que califica como sociedades “pantalla”, carentes de cualquier actividad lícita y creadas exclusivamente para la comisión de hechos delictivos. Estas, según la sentencia, han de ser consideradas al margen del régimen de responsabilidad penal del artículo 31 bis del Código Penal, sin perjuicio de que en este caso de autos se haya considerado de utilidad mantener las penas de disolución y multa impuestas.

A la espera de la publicación de la sentencia, señalar la importancia de la misma no sólo por ser la primera, sino porque la misma cuenta con el voto particular concurrente de 7 de los 15 magistrados que formaron el Pleno, que comparte el fallo de la resolución pero discrepa de parte de la doctrina que recoge. Así, considera que, en el caso de las personas jurídicas, altera las reglas probatorias aplicables con carácter general para la apreciación de circunstancias eximentes, estableciendo que las acusaciones acrediten el hecho negativo de la no concurrencia de instrumentos eficaces para la prevención de delitos. En opinión de estos magistrados, “no procede constituir a las personas jurídicas en un modelo privilegiado de excepción en materia probatoria”, sino que corresponde a la persona jurídica alegar la concurrencia de dichos instrumentos, y aportar una base racional para que pueda ser constatada la disposición de los mismos.

La Jornada sobre la Responsabilidad Penal de las Empresas: Situación Actual, se celebrará el próximo viernes 18 de Marzo, de 09.30 h. a 13:00 h. en nuestra Sede de Avenida Diagonal 601, 8ª planta, de Barcelona.

Jornada sobre la Responsabilidad Penal de las Empresas

La Jornada sobre la Responsabilidad Penal de las Empresas: Situacion Actual, se celebrará el próximo viernes 18 de Marzo, de 09.30 h. a 13:00 h. en nuestra Sede de Avenida Diagonal 601, 8ª planta, de Barcelona.

Las sesiones correrán a cargo de:

  • D. Oscar Serrano Zaragoza – Fiscal de Delitos Económicos – Fiscalía Provincial de Barcelona
  • Dª. Mª Antonia García Solanas – Socia de AMBER LBA
  • Dª María García Aguado – Socia de AMBER LBA – Presidente de ASEBLAC en Cataluña

Al finalizar la sesión, podremos disfrutar de un brunch & networking por cortesía de AIN Business Center.

La reciente reforma del Código Penal plantea para las empresas y sus directivos un nuevo y más severo marco de responsabilidad, que hace necesaria la implantación de modelos efectivos de prevención de ilícitos penales, en consonancia con la normativa y prácticas internacionales.

La reforma introducida por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, que entró en vigor el pasado 01 de julio de 2015, clarifica y mejora técnicamente la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que fue inicialmente introducida en nuestro ordenamiento jurídico por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, con la finalidad de delimitar adecuadamente el contenido del debido control, cuyo quebrantamiento permite fundamentar su responsabilidad penal.

Como consecuencia de estas disposiciones, las personas jurídicas podrán ser imputadas penalmente por los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o indirecto, en dos supuestos:

• Cuando sean cometidos por sus representantes legales, administradores o directivos;

• Cuando los cometan los empleados, colaboradores o agentes que dependan de ellos por haberse incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad.

Con ello se abre un nuevo cauce que está siendo utilizado por la fiscalía (ejemplos recientes: caso FCB, Neymar, Volkswagen) y los damnificados para proceder directamente contra las empresas y entidades, a fin de lograr un resarcimiento económico de los daños, dada la inmediatez, economía y amplias facultades del juez penal.

Ello implica para la empresa, además de la obligación de indemnizar, responsabilidades penales que se traducen en sanciones no cubiertas por las pólizas de seguros como son: Multas, por cuantías muy importantes; cierre de establecimientos; suspensión o disolución de la persona jurídica; inhabilitación y multas personales a los administradores y directivos con las consiguientes contingencias que ello supone en tanto no se dote de un adecuado programa de prevención.

En la jornada debatiremos los aspectos esenciales de la nueva regulación, cómo afrontar este nuevo reto a efectos prácticos, y así como las medidas de prevención que se pueden implantar.

Agenda

09:30 h: Recepción y registro de los participantes

10:00 h: Sesión técnica:

  • Responsabilidad penal de las empresas: cómo evitarla
  • Prueba de la responsabilidad penal de la persona jurídica
  • El plan de prevención
  • La figura del responsable de cumplimiento

12:30 h: Coloquio y clausura

13:00 h: Brunch & networking por cortesía de AIN Business Center

Más información: info@amberbas.com

Lista actualizada del GAFI de las jurisdicciones no cooperadoras en la lucha contra el BC-FT. Febrero 2016

La semana pasada, en el último plenario del GAFI, celebrado en París (Francia), el GAFI efectuó nueva Declaración Pública (Public Statement) realizando las modificaciones en la lista de jurisdicciones no cooperadoras.

Para facilitar la adaptación de las listas, hemos incluido un cuadro comparativo entre la última Declaración Pública de jurisdicciones no cooperadoras (Octubre 2015) y la aprobada la semana pasada.