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Caso Genepol: Imputación de persona jurídica por un delito contra el medio ambiente.

El instructor del Caso Genepol, que saltó a la prensa este verano, acaba de concretar con un nuevo auto las imputaciones del caso antes de cerrar la instrucción. Este es un claro ejemplo de la necesidad de que las personas jurídicas se doten de herramientas de Compliance Penal (cumplimiento de la legalidad penal).

En el Caso Genepol, el Juzgado inició diligencias previas por un atestado del SEPRONA y, tras practicarse las diligencias oportunas, se determina que los hechos pudieran constituir un delito contra el medio ambiente, previsto y penado en los artículos 325 y siguientes del Código Penal vigente, así como una falta de daños.

Imputados:

– GENEPOL, en su condición de persona jurídica, al amparo del art. 31 bis del Código Penal

– Javier, en su condición como ADMINISTRADOR de GENEPOL.

– Luis, como TENIENTE ALCALDE del Ayuntamiento y como Jefe de Planta de GENEPOL, aunque no concurriesen ambas condiciones al mismo tiempo.

– Alfonso, en su condición de ALCALDE del Ayuntamiento.

Los hechos que se señalan, muy sucintamente:

* Existencia de un vertido sin autorización (y no autorizable) y con importante carga contaminante procedente de GENEPOL.

* En definitiva, se señala que GENEPOL está vertiendo aguas residuales industriales sin estar correctamente depuradas, sobre el cauce público de un barranco, provocando una contaminación de la zona afectada ya que la red de alcantarillado no se encuentra terminada totalmente, no llegando a juntarse con la red de saneamiento de la localidad en su totalidad.

* El vertido ha generado un daño concreto al medioambiente y hay riesgo lesivo para el medio y persistente en el tiempo.

Se apuntan las responsabilidades:

* Responsabilidad de GENEPOL, por hacer caso omiso a los reiterados requerimientos de las instituciones aragonesas para que cesase el vertido. Según se indica, GENEPOL no realizó ninguna actividad encaminada a solucionar la contaminación generada.

* Responsabilidad del Ayuntamiento, como titular del colector; los vertidos realizados a través de alcantarillados / colectores municipales deben estar previamente autorizados, lo que no consta al Juzgado.

Adicionalmente, y en lo que nos interesa con relación al marco de Compliance Penal de la compañía, que, de tener implantados unos procesos adecuados, podría suponer exención de la responsabilidad de GENEPOL como persona jurídica o beneficiarse de una atenuación de la pena, el Juzgado señala:

  1. En GENEPOL, en su condición de mercantil, no existía o tenía contratada la figura del Director de Cumplimiento Normativo;
  2. No tenía activados instrumentos de prevención tales como
    1. mapas de riesgos,
    2. códigos de conducta,
    3. compliance programs – programas de cumplimiento de la legalidad
    4. y cualesquiera otros instrumentos mediante los cuales todos los agentes de la empresa asuman los valores o cultura de respeto a la legalidad penal.
  3. Igualmente, no tenían activados instrumentos de control (internos y externos) para supervisar de manera continuada el cumplimiento de la normativa interna establecida para evitar la comisión de delitos en el seno de la empresa, no bastando con la existencia de unos meros buzones.
  4. Tampoco tenía activados instrumentos disciplinarios para asegurar el debido control del cumplimiento de las normas de conducta establecidas por la empresa.

Por todo ello, al entender que ante el incumplimiento de tales medidas (Compliance Penal) y la falta de soporte documental que acreditare la adopción de las mismas anteriormente reseñadas, el juzgado entiende factible y de obligado cumplimiento para la instrucción la imputación de la persona jurídica.

 

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